Abril 2010
Para que un sistema tan tosco como el que nos rige le sirva a la gente el gobierno debe ser, al menos, honorable (y por tosquedad nos referimos a la trillada realpolitik populista, imponiendo la fuerza bruta del "somos más" o bien "tenemos el aparato forzador”).
Es decir, los funcionarios de gobierno empezando por las más altas magistraturas deben procurar ser ejemplo visible, de igualmente altas virtudes cívicas.
Desde tiempos antiguos, la propia existencia de ciertas élites estuvo justificada en el ejemplo de los comportamientos públicos (e idealmente, privados) que dicha élite representaba en el imaginario del pueblo. No es muy diferente hoy en día.
La gente “simple” sigue recibiendo por ósmosis social el mensaje-ejemplo de sus referentes; y quienes se vean situados en cualquier relativa posición de preeminencia, deben considerar la gran responsabilidad que sus opiniones y actitudes públicas implican.
La historia de las noblezas, aristocracias, liderazgos místicos o republicanos e incluso de los grupos de muy superior cultura o competencia profesional y científica, es la de personas que se elevaron por diferentes causas diferenciándose del promedio. Asumiéndose como gente calificada para liderar la elevación general. Los ejemplos a seguir, visibles a todos y nacidos de virtudes como la valentía, el esfuerzo honrado, la ética, la compasión o el más simple sentido común aplicado con inteligencia, se situaban en el pedestal de lo correcto, de lo deseable, de lo emulable. O de lo elegible por votación.
Aristócratas indolentes desprestigiaron en su momento a la aristocracia así como empresarios corruptos desprestigian al capitalismo, más allá de que sean las coactivas reglas de juego socialistas las que generen “zonas liberadas” para sus humanas rapacidades.
Pero es el Estado y sus funcionarios de gobierno quienes imprimen con más fuerza en millones de mentes sencillas las coordenadas de “lo que hay que hacer” para elevarse, ya que todo lo que ellos entregan u obtienen es blanco de la mirada popular.
Para que nuestra democracia empezara finalmente a servir de algo a la gente (nos referimos a algo más que servir de pantalla para enriquecer a vagos, atropelladores y mafiosos, elevando el robo, la burla al industrioso, el desorden y el parasitismo al nivel de políticas de Estado), sus dirigentes deberían volverse honorables. Porque de otro modo son, simplemente, un estorbo muy costoso. Un estorbo peligroso y prescindible, vaciado de toda autoridad moral.
Ya que si la política es un negocio como cualquier otro, menos costoso y mucho más eficiente nos resultaría el negocio privado. Que al menos es voluntario, cambiando impuestos por retribuciones a servicios efectivamente prestados en libre competencia, en la miríada de casos donde esto es posible.
Aquella conversión al servicio público desinteresado es difícil de imaginar en nuestros políticos. Aunque sigan pregonando hasta el hartazgo que esa es, justamente, su abnegada vocación.
Milenios de experiencia nos enseñan que el poder público corrompe de manera inevitable a casi todos quienes lo ejercen, afectando más temprano que tarde su honorabilidad. Y también nos enseñan que muchos de quienes resistieron los cantos de sirena de la corrupción, resultaron ser líderes ingenuos, incapaces o sin la visión estratégica de conjunto y de futuro que su elevada responsabilidad demandaba. Dato que muestra a la honorabilidad como condición necesaria mas no suficiente.
Razones por las cuales los libertarios abogamos por acotar los peligrosísimos “poderes públicos” a su mínima expresión mediante la transferencia gradual de dichos poderes a la gente, en una descentralización política y económica llevada a su máxima escala tecnológica. Retomando así el control humano dentro de nuestro propio planeta de los simios.
Volviendo al caso que nos ocupa, sin embargo, sólo podría ser honorable un gobierno surgido de verdaderos principios no-violentos, cultura planetaria, compromiso con la libertad, inteligencia superior y experiencias constructivas.
Requisitos en ningún caso cumplidos por los gobiernos de los últimos cien años de decadencia, salvo brevísimas excepciones. Requisitos directamente invertidos en el caso del actual, que reemplazó la vocación desinteresada de servicio público por la vocación interesada de enriquecimiento ilícito operando sobre la desunión, el odio, la exaltación de la bajeza a todo orden y la venganza sucia. Verdaderos corsarios desorbitados de la política comprando con dinero ajeno a todos quienes se quieran vender.
Sinvergüenzada y absoluta negación del honor, que todo argentino y argentina de bien debe rechazar. No sólo del peronismo gobernante sino de cualquier dirigente que proponga otra vez las “soluciones” populistas que demostraron cien veces su inutilidad para elevar, dignificar con trabajo y servir a los nuevos pobres. Aunque sí fueron útiles para llegar al poder mediante la adulación y (como padres pusilánimes) el permisivismo más irresponsable.
Rechazo absoluto, declarado, movilizado y terminante para suprimir en nuestro gran país los efectos degradantes de la miseria. Lanzando a nazis y socialistas por la borda. Para frenar nuestra caída frente a Chile, Colombia, Perú o Uruguay. Para volver a colocarnos por delante de Brasil, México, Canadá, Australia, España o Italia. Para lanzarnos a la caza y superación de Inglaterra, Francia, Japón o Alemania, ocupando de una vez por todas el lugar de liderazgo que se corresponde a nuestro impresionante pasado.
Prisiones
Abril 2010
¿Le parece que son demasiados los delitos violentos, los despojos y los hechos de corrupción que a policías y jueces “se les escapan”, y que quedan sin su justo castigo?
¿Le parece que el sistema de prisiones con escarmiento al delincuente, reeducación y posterior reinserción social no está funcionando como usted -ciudadano de opinión- cree que debería funcionar?
¿Le parece que los convictos quedan libres demasiado rápido y que las víctimas de sus delitos casi nunca reciben la reparación de daños que merecen?
¿Le parece que todo este modelo de apresamientos, condenas y cárceles obsoletas tan poco satisfactorio o la atención de los malvivientes presos viviendo de nuestros dineros como vagos enjaulados, “no cierra” y nos resulta caro?
Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, está usted del lado correcto de los barrotes y merece saber que existen explicaciones al desaguisado actual, tanto como alternativas libertarias inteligentes (aunque sólo para ciudadanos de mente abierta).
La noción de prisión como sitio de reeducación de criminales apareció recién a fines del siglo XVIII. Se intentó a partir de entonces y mediante técnicas de tipo militar, la reconversión de los reos en individuos dóciles a la autoridad y la ley del monarca.
A poco andar, sin embargo, se comprobó que el efecto logrado era el contrario: las cárceles se convirtieron en la “escuela de delito y vicios” que aún hoy conocemos. El egreso de individuos útiles fue siempre la excepción, no la norma.
Aunque la experiencia negativa aconsejaba un urgente cambio de enfoque, el sistema penitenciario siguió con su táctica de castigo y ocio militarizado. Permitiendo que el problema de la realimentación de violencias entre los convictos, siguiera vigente hasta nuestros días. ¿Por qué?
Porque las comunidades que se sienten amenazadas se avienen a resignar libertades, derechos y dignidades en aras de su seguridad.
Porque a más delincuentes, más delitos y más temor entre la gente de a pie, lo que a su vez hace deseable la mano firme de un “orden” centralizado: la supuesta necesidad de la existencia de un Estado omnipresente y “protector” se ve así reforzada.
Crecieron entonces fuerzas policiales e impositivas poderosas que además de proteger y servir a los gobernantes, asumieron autoridad para avasallarnos en intimidades financieras, laborales, de movimiento, de disenso y hasta de elecciones personales en formas de vida poco convencionales.
Por otra parte, los malvivientes sirven a toda una constelación de jerarcas estatales y sindicales que “redondean” sus ingresos con utilidades del juego, la trata de blancas, el narcotráfico, el contrabando, las extorsiones mafiosas, el lavado de dinero, la adulteración de medicamentos, las fuerzas de choque marginales y muchas otras acciones delictivas, que todos conocemos.
Nuestros gobernantes no solo se benefician con la promoción de mejores “operadores políticos” en sus cárceles sino que crean nuevos inadaptados en el seno de la sociedad civil. Hacen esto a través de políticas que bloquean un progreso económico rápido para individuos, familias y empresas.
Muy altos impuestos, leyes restrictivas e intervencionismo comercial constante no sólo frenan la reinversión privada y ahuyentan el aterrizaje de nuevos empleadores sino que brindan más poder discrecional (y corruptibilidad) al Estado y sus funcionarios. Que fabrican pobreza al disminuir la actividad productiva aumentando la desocupación, la irresponsabilidad social, el uso de drogas… y el delito, acicateado por la desesperanza. Despertemos: las altas tasas de criminalidad son una construcción política de primera necesidad, que se paga sola.
¿A qué cambiar el sistema, entonces? ¿Dónde estaría el negocio de una verdadera conversión de criminales y ladrones?
En el tema que nos ocupa, está claro el engaño estatal de pretender que quien delinque comete un crimen “contra la sociedad” y que es esta la que debe ser “compensada”… con castigo de prisión. Con todo el proceso (costo policial, costo judicial, costo penitenciario) a cargo del erario público, que es dinero de nuestros impuestos, dinero de nuestra inflación, dinero de nuestra deuda externa… ¡manejado por los mismos funcionarios corruptos!
El reo que resulta confinado no paga un centavo aunque sí lo hacen (a precio inflado) quienes nada tuvieron que ver con el ilícito. Despertemos otra vez: los damnificados por el inadaptado de turno son personas con nombre y apellido; no “la sociedad”, que no es nadie. El daño causado puede ser cuantificado en dinero, que debe destinarse a resarcir a los perjudicados. Y los costos ocasionados por la captura, el juzgamiento, y la posterior manutención del delincuente, no deben ser pagados “por todos” sino por él mismo.
El principal escollo para llevar esto a la práctica es el Estado, que verá reducido su “negocio” ya que serán necesarias prisiones privadas autofinanciadas, donde el convicto deberá trabajar en una línea de producción determinada, generando ingresos con los que pagará los costos de su propia estadía y los costos que ocasionó para ser llevado hasta ese sitio, más la indemnización fijada por el juez para reintegrar -con intereses- los daños causados a sus víctimas: personas con nombre y apellido.
Modernas cárceles de alta tecnología e implacable seguridad computarizada, con beneficio para empresarios creativos que se atrevan al desafío de manejar e instruir, en áreas diversas y bajo protocolos evolucionados, mano de obra tan especial.
Estará el castigo de largos años de privación de su libertad y la ventaja de su recuperación (real) a través de la disciplina del trabajo. Estará el fuerte disuasivo de tener que devolver con sudor, rutina y lágrimas todo lo “obtenido” violando derechos ajenos. Y estará la justicia de no cargar sobre los contribuyentes costos que no son de su incumbencia, mientras se compensa a las víctimas -al menos en parte- por los perjuicios sufridos.
¿Le parece que son demasiados los delitos violentos, los despojos y los hechos de corrupción que a policías y jueces “se les escapan”, y que quedan sin su justo castigo?
¿Le parece que el sistema de prisiones con escarmiento al delincuente, reeducación y posterior reinserción social no está funcionando como usted -ciudadano de opinión- cree que debería funcionar?
¿Le parece que los convictos quedan libres demasiado rápido y que las víctimas de sus delitos casi nunca reciben la reparación de daños que merecen?
¿Le parece que todo este modelo de apresamientos, condenas y cárceles obsoletas tan poco satisfactorio o la atención de los malvivientes presos viviendo de nuestros dineros como vagos enjaulados, “no cierra” y nos resulta caro?
Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, está usted del lado correcto de los barrotes y merece saber que existen explicaciones al desaguisado actual, tanto como alternativas libertarias inteligentes (aunque sólo para ciudadanos de mente abierta).
La noción de prisión como sitio de reeducación de criminales apareció recién a fines del siglo XVIII. Se intentó a partir de entonces y mediante técnicas de tipo militar, la reconversión de los reos en individuos dóciles a la autoridad y la ley del monarca.
A poco andar, sin embargo, se comprobó que el efecto logrado era el contrario: las cárceles se convirtieron en la “escuela de delito y vicios” que aún hoy conocemos. El egreso de individuos útiles fue siempre la excepción, no la norma.
Aunque la experiencia negativa aconsejaba un urgente cambio de enfoque, el sistema penitenciario siguió con su táctica de castigo y ocio militarizado. Permitiendo que el problema de la realimentación de violencias entre los convictos, siguiera vigente hasta nuestros días. ¿Por qué?
Porque las comunidades que se sienten amenazadas se avienen a resignar libertades, derechos y dignidades en aras de su seguridad.
Porque a más delincuentes, más delitos y más temor entre la gente de a pie, lo que a su vez hace deseable la mano firme de un “orden” centralizado: la supuesta necesidad de la existencia de un Estado omnipresente y “protector” se ve así reforzada.
Crecieron entonces fuerzas policiales e impositivas poderosas que además de proteger y servir a los gobernantes, asumieron autoridad para avasallarnos en intimidades financieras, laborales, de movimiento, de disenso y hasta de elecciones personales en formas de vida poco convencionales.
Por otra parte, los malvivientes sirven a toda una constelación de jerarcas estatales y sindicales que “redondean” sus ingresos con utilidades del juego, la trata de blancas, el narcotráfico, el contrabando, las extorsiones mafiosas, el lavado de dinero, la adulteración de medicamentos, las fuerzas de choque marginales y muchas otras acciones delictivas, que todos conocemos.
Nuestros gobernantes no solo se benefician con la promoción de mejores “operadores políticos” en sus cárceles sino que crean nuevos inadaptados en el seno de la sociedad civil. Hacen esto a través de políticas que bloquean un progreso económico rápido para individuos, familias y empresas.
Muy altos impuestos, leyes restrictivas e intervencionismo comercial constante no sólo frenan la reinversión privada y ahuyentan el aterrizaje de nuevos empleadores sino que brindan más poder discrecional (y corruptibilidad) al Estado y sus funcionarios. Que fabrican pobreza al disminuir la actividad productiva aumentando la desocupación, la irresponsabilidad social, el uso de drogas… y el delito, acicateado por la desesperanza. Despertemos: las altas tasas de criminalidad son una construcción política de primera necesidad, que se paga sola.
¿A qué cambiar el sistema, entonces? ¿Dónde estaría el negocio de una verdadera conversión de criminales y ladrones?
En el tema que nos ocupa, está claro el engaño estatal de pretender que quien delinque comete un crimen “contra la sociedad” y que es esta la que debe ser “compensada”… con castigo de prisión. Con todo el proceso (costo policial, costo judicial, costo penitenciario) a cargo del erario público, que es dinero de nuestros impuestos, dinero de nuestra inflación, dinero de nuestra deuda externa… ¡manejado por los mismos funcionarios corruptos!
El reo que resulta confinado no paga un centavo aunque sí lo hacen (a precio inflado) quienes nada tuvieron que ver con el ilícito. Despertemos otra vez: los damnificados por el inadaptado de turno son personas con nombre y apellido; no “la sociedad”, que no es nadie. El daño causado puede ser cuantificado en dinero, que debe destinarse a resarcir a los perjudicados. Y los costos ocasionados por la captura, el juzgamiento, y la posterior manutención del delincuente, no deben ser pagados “por todos” sino por él mismo.
El principal escollo para llevar esto a la práctica es el Estado, que verá reducido su “negocio” ya que serán necesarias prisiones privadas autofinanciadas, donde el convicto deberá trabajar en una línea de producción determinada, generando ingresos con los que pagará los costos de su propia estadía y los costos que ocasionó para ser llevado hasta ese sitio, más la indemnización fijada por el juez para reintegrar -con intereses- los daños causados a sus víctimas: personas con nombre y apellido.
Modernas cárceles de alta tecnología e implacable seguridad computarizada, con beneficio para empresarios creativos que se atrevan al desafío de manejar e instruir, en áreas diversas y bajo protocolos evolucionados, mano de obra tan especial.
Estará el castigo de largos años de privación de su libertad y la ventaja de su recuperación (real) a través de la disciplina del trabajo. Estará el fuerte disuasivo de tener que devolver con sudor, rutina y lágrimas todo lo “obtenido” violando derechos ajenos. Y estará la justicia de no cargar sobre los contribuyentes costos que no son de su incumbencia, mientras se compensa a las víctimas -al menos en parte- por los perjuicios sufridos.
Envidia y Pobreza
Abril 2010
Se trata, qué duda cabe, de dos palabras que han caminado de la mano a lo largo de la historia. Dando fe de la antigua sabiduría religiosa que sindica a la envidia entre los siete Pecados Capitales, esperable fuente de perdición y desgracias.
Confirmando los más actuales análisis socio-económicos que vinculan la disminución de la pobreza al nivel de seguridad jurídica que proteja el derecho de propiedad sobre patrimonios y ganancias, como condición previa a la aparición de inversiones en gran escala.
La envidia y su primo hermano el resentimiento, se encuentran en el núcleo duro de la desgracia nacional. Constituyen, desde luego, el cimiento fundante que sustenta la versión justicialista K (al igual que todas las de su signo, basada en la confiscación de renta y capital ajeno), aunque su efecto tóxico pueda rastrearse mucho más atrás. Ambas iniquidades tuvieron participación estelar ya en el quiebre del dominio conservador a partir de 1916, cuando bajo el ingenuo paraguas principista de don Hipólito Irigoyen prosperó la novedad del “Estado subsidiador de vivos y ahuyentador de eficientes”, de una serie de jóvenes radicales y veteranos socialistas. Todos largamente abrevados en la penosa, oscura fuente del resentimiento personal.
El rencor hacia la élite que no había permitido elecciones irrestrictas y la envidia de comprobar que algunos se enriquecían más rápido que otros, prevalecieron. Triunfó en toda la línea el avance de un torniquete impositivo-reglamentario que consiguió en poco tiempo… que no se enriqueciera nadie, excepto los políticos corruptos y sus digitados. Porque la única movilidad social que generan pulsiones tan despreciables es la movilidad social descendente. Con estúpido regocijo de las mayorías se colgaron de la palanca, aplicando los frenos a esa locomotora lanzada que era nuestro país.
Recordémoslo una vez más: la Argentina venía hasta entonces creciendo a gran ritmo en su industrialización y exportaciones, en la educación e inclusión social de carenciados e inmigrantes, en su prestigio científico, cultural y en multitud de rubros perfilándose (desde la nada) en potencia de peso mundial. No fue suficiente. Primó una impaciencia irresponsable; casi adolescente.
Resulta obvio, por otra parte, que la convicción general de que la pobreza es moralmente inaceptable en un país rico, tuvo que esperar a la aparición de ese país rico, circunstancia que nunca se hubiese producido bajo un dominio dirigista y corporativo, como el que siguió al liberalismo conservador del Centenario. De hecho y al correr del siglo de predominio populista, Argentina dejó de ser un país rico. La política del perro del hortelano llegó -a partir de allí- para quedarse y nuestro país ingresó en la espiral de pobreza, pequeñez de miras y decadencia que sigue asombrando al orbe.
Lo que todavía no se entiende bien es que tampoco sirve disimular hoy resentimientos y envidias, bajo el disfraz del apoyo a los mismos partidos “socialmente sensibles” que nos condujeron al desastre. No sirve porque cada día son más visibles las motivaciones parasitarias de ese apoyo.
La tradición, las simpatías, el sustrato ideológico-económico de movimientos como el radicalismo, el socialismo, de todos los peronismos, del “partido militar” o de nuevas agrupaciones como la de F. Solanas e incluso E. Carrió, provienen de una misma matriz. De un mismo caldo conceptual primigenio entrampado en una melaza de creencias perimidas. Que no asimilan ni aceptan que la dictadura de los simios coactivos trepados a los monopolios del Estado va quedando atrás; que las tecnologías y conocimientos que acompañan al nuevo milenio ponen en ventaja a aquellas sociedades que comprenden que la libertad y no el gobierno, es la verdadera amiga de los desfavorecidos.
Dirigentes desactualizados a quienes resulta insoportable aceptar que no sirven los impuestos elevados. Que no sirve subsidiar a unos a costa de la productividad de otros. Que no sirve cargar de reglamentos y prohibiciones a quienes deben crear, invertir y fabricar en competencia con el mundo. Que la anquilosada “estatutocracia” laboral argentina no sirve para lograr más empleos de calidad. Que el intervencionismo en general no sirve al objetivo de generar riquezas ni de distribuirlas, sin pisotear el art. 17 de la Constitución (*). Y que desapareciendo los privilegios legales motorizados en última instancia por la envidia, la única manera de hacer dinero será enriqueciendo a los demás a través de la producción y el más amplio libre comercio, en honesta competencia.
No debemos perder de vista que, al decir del estudioso ibérico Xavier Sala-I-Martín “el espíritu mercantil y el afán de lucro han hecho más bien para muchísima más gente pobre que toda la ayuda humanitaria y todos los créditos blandos concedidos por todos los gobiernos y todas las ONG del mundo juntas”.
A los progresistas no les importa la pobreza, con tal que los ricos no se hagan más ricos. No así a las buenas personas sensatas a las que no les importa la desigualdad porque no son envidiosas: les importa la pobreza. Ellas saben que el objetivo de achicar las diferencias de fortunas y el objetivo de reducir el número de los postergados son mutuamente excluyentes. Y que la comunidad entera se beneficia cuando algunos se enriquecen más.
En síntesis: el pecado de la envidia trae implícito, también en política y para horror de los sociólogos de izquierda, su propio castigo como generador de indignidades y pobreza.
Toca a cada argentino decidir en el silencio de su conciencia, cómo traducir esto en acciones, votos, no-votos u opiniones expresadas que sirvan a una Argentina más inclusiva, con muchísimos más propietarios y cantidad de grandes fortunas.
(*) “La propiedad es inviolable y la confiscación de bienes queda
borrada para siempre del Código Penal Argentino”
Se trata, qué duda cabe, de dos palabras que han caminado de la mano a lo largo de la historia. Dando fe de la antigua sabiduría religiosa que sindica a la envidia entre los siete Pecados Capitales, esperable fuente de perdición y desgracias.
Confirmando los más actuales análisis socio-económicos que vinculan la disminución de la pobreza al nivel de seguridad jurídica que proteja el derecho de propiedad sobre patrimonios y ganancias, como condición previa a la aparición de inversiones en gran escala.
La envidia y su primo hermano el resentimiento, se encuentran en el núcleo duro de la desgracia nacional. Constituyen, desde luego, el cimiento fundante que sustenta la versión justicialista K (al igual que todas las de su signo, basada en la confiscación de renta y capital ajeno), aunque su efecto tóxico pueda rastrearse mucho más atrás. Ambas iniquidades tuvieron participación estelar ya en el quiebre del dominio conservador a partir de 1916, cuando bajo el ingenuo paraguas principista de don Hipólito Irigoyen prosperó la novedad del “Estado subsidiador de vivos y ahuyentador de eficientes”, de una serie de jóvenes radicales y veteranos socialistas. Todos largamente abrevados en la penosa, oscura fuente del resentimiento personal.
El rencor hacia la élite que no había permitido elecciones irrestrictas y la envidia de comprobar que algunos se enriquecían más rápido que otros, prevalecieron. Triunfó en toda la línea el avance de un torniquete impositivo-reglamentario que consiguió en poco tiempo… que no se enriqueciera nadie, excepto los políticos corruptos y sus digitados. Porque la única movilidad social que generan pulsiones tan despreciables es la movilidad social descendente. Con estúpido regocijo de las mayorías se colgaron de la palanca, aplicando los frenos a esa locomotora lanzada que era nuestro país.
Recordémoslo una vez más: la Argentina venía hasta entonces creciendo a gran ritmo en su industrialización y exportaciones, en la educación e inclusión social de carenciados e inmigrantes, en su prestigio científico, cultural y en multitud de rubros perfilándose (desde la nada) en potencia de peso mundial. No fue suficiente. Primó una impaciencia irresponsable; casi adolescente.
Resulta obvio, por otra parte, que la convicción general de que la pobreza es moralmente inaceptable en un país rico, tuvo que esperar a la aparición de ese país rico, circunstancia que nunca se hubiese producido bajo un dominio dirigista y corporativo, como el que siguió al liberalismo conservador del Centenario. De hecho y al correr del siglo de predominio populista, Argentina dejó de ser un país rico. La política del perro del hortelano llegó -a partir de allí- para quedarse y nuestro país ingresó en la espiral de pobreza, pequeñez de miras y decadencia que sigue asombrando al orbe.
Lo que todavía no se entiende bien es que tampoco sirve disimular hoy resentimientos y envidias, bajo el disfraz del apoyo a los mismos partidos “socialmente sensibles” que nos condujeron al desastre. No sirve porque cada día son más visibles las motivaciones parasitarias de ese apoyo.
La tradición, las simpatías, el sustrato ideológico-económico de movimientos como el radicalismo, el socialismo, de todos los peronismos, del “partido militar” o de nuevas agrupaciones como la de F. Solanas e incluso E. Carrió, provienen de una misma matriz. De un mismo caldo conceptual primigenio entrampado en una melaza de creencias perimidas. Que no asimilan ni aceptan que la dictadura de los simios coactivos trepados a los monopolios del Estado va quedando atrás; que las tecnologías y conocimientos que acompañan al nuevo milenio ponen en ventaja a aquellas sociedades que comprenden que la libertad y no el gobierno, es la verdadera amiga de los desfavorecidos.
Dirigentes desactualizados a quienes resulta insoportable aceptar que no sirven los impuestos elevados. Que no sirve subsidiar a unos a costa de la productividad de otros. Que no sirve cargar de reglamentos y prohibiciones a quienes deben crear, invertir y fabricar en competencia con el mundo. Que la anquilosada “estatutocracia” laboral argentina no sirve para lograr más empleos de calidad. Que el intervencionismo en general no sirve al objetivo de generar riquezas ni de distribuirlas, sin pisotear el art. 17 de la Constitución (*). Y que desapareciendo los privilegios legales motorizados en última instancia por la envidia, la única manera de hacer dinero será enriqueciendo a los demás a través de la producción y el más amplio libre comercio, en honesta competencia.
No debemos perder de vista que, al decir del estudioso ibérico Xavier Sala-I-Martín “el espíritu mercantil y el afán de lucro han hecho más bien para muchísima más gente pobre que toda la ayuda humanitaria y todos los créditos blandos concedidos por todos los gobiernos y todas las ONG del mundo juntas”.
A los progresistas no les importa la pobreza, con tal que los ricos no se hagan más ricos. No así a las buenas personas sensatas a las que no les importa la desigualdad porque no son envidiosas: les importa la pobreza. Ellas saben que el objetivo de achicar las diferencias de fortunas y el objetivo de reducir el número de los postergados son mutuamente excluyentes. Y que la comunidad entera se beneficia cuando algunos se enriquecen más.
En síntesis: el pecado de la envidia trae implícito, también en política y para horror de los sociólogos de izquierda, su propio castigo como generador de indignidades y pobreza.
Toca a cada argentino decidir en el silencio de su conciencia, cómo traducir esto en acciones, votos, no-votos u opiniones expresadas que sirvan a una Argentina más inclusiva, con muchísimos más propietarios y cantidad de grandes fortunas.
(*) “La propiedad es inviolable y la confiscación de bienes queda
borrada para siempre del Código Penal Argentino”
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