Septiembre 2013
Por fortuna existen personas capaces de ver más allá de lo obvio.
Mujeres y hombres que no se conforman con “lo que hay”; que no aceptan
resignadamente el dogma oficial y la vileza consumada; que se atreven a
concebir, plantear y apoyar algo distinto; algo mejor.
De no ser por su aparición esporádica a lo largo de la historia aún
viviríamos en el oscurantismo. Seríamos más víctimas de la tiranía y la miseria
de lo que actualmente somos.
Hablamos de individuos de fuerte conciencia cívica y social que se
atrevieron a enfrentar tanto la soberbia del déspota como la descalificación
del pusilánime. Hombres y mujeres que compartieron virtudes como la honestidad
intelectual, el amor por la humanidad y un edificante espíritu crítico.
Revolucionarios que, cada uno en su tiempo, sentaron las utopías que
jalonaron los avances de la civilización sobre el miedo y la coerción, a veces
a costa de sus vidas.
En nuestro tiempo sigue habiendo revolucionarios, claro. Pero no son
los que el mito urbano imagina sino los que luchan por cosas como la integración
multicultural, una educación evolucionada para todos, el respeto absoluto por
el prójimo, la no violencia en todo el
campo de la acción humana, los derechos individuales frente al torvo
simplismo del “somos más”, la persona como fin en si misma en lugar de como medio
para los fines de otros o… por una justicia más comprometida con la equidad.
Los revolucionarios que hoy defienden ideas como estas entre la melaza dominante del social-estatismo que las
niega de hecho, se llaman libertarios.
El concepto libertario de Justicia está entre los que fascinan y
atrapan la imaginación por su sentido común y bella simpleza, en total
coincidencia con nuestra naturaleza humana.
Veamos primero cómo funciona la Justicia actual: cuando un individuo
delinque, su delito se considera una ofensa contra
la sociedad y es esa sociedad en tanto entelequia colectiva quien debe ser
compensada por el delincuente.
Se recluye entonces al reo en una cárcel comunal como castigo por el daño causado y pasado
cierto tiempo, es liberado para volver a convivir con los demás.
La víctima, supongamos que una mujer asaltada y golpeada, no es
considerada en el sentido de resarcimiento
quedando al margen del proceso, que sigue su curso en favor del conjunto social.
Posteriormente podrá tomarse la molestia y el gasto de demandar al
delincuente intimándolo a que devuelva lo robado o a que pague por el daño
moral, físico o lucro cesante, causa que podría incluso prosperar. Rara vez,
sin embargo, conseguirá recuperar lo que en justicia le corresponde. Para no
hablar de la escasa probabilidad ab
initio de que la actual policía del Estado atrape al ladrón, recupere la
totalidad de lo sustraído y devuelva rápidamente a su propietaria lo que le
pertenece.
Así, en el mejor de los casos, todas las mujeres y hombres
pertenecientes a esa sociedad que no
fueron afectados por ese ilícito particular (todos menos una, en el ejemplo),
habrán de pagar con sus impuestos los gastos que demande capturar, juzgar, vigilar,
alimentar, brindar techo, calefacción, atención médica etc. a ese delincuente
durante años.
El concepto libertario de Justicia es diferente: cuando un individuo
delinque, su delito se considera una ofensa a
la víctima.
El juez decidirá entonces el monto de dinero que el atacante del caso
deberá entregar a su damnificada a fin de resarcir adecuadamente todo el daño causado,
monto que por cierto podría resultar elevado. Si lo posee, previo acuerdo de conformidad con la víctima a través de sus
abogados, puede pagar y quedar en libertad.
Aparece aquí un inusual derecho
de perdonar a alguien por una ofensa
privada previa aceptación del acto indemnizatorio, abriéndose un registro de alegato y arrepentimiento que
figurará como prontuario disuasivo, con antecedentes que resultarán agravantes
frente a la Justicia en caso de reincidencia.
Si el delincuente no posee esa suma o no llega a un acuerdo, pasa a una
red de innovadores “campos de trabajo y educación”, con sistemas de seguridad y
procedimientos de alta tecnología gerenciados por (o propiedad de) empresas
especializadas, autofinanciadas.
Allí trabajará conforme a sus habilidades (previas o adquiridas in
situ) para pagar en primer lugar los
costos de su detención y juicio y en segundo término, su propio mantenimiento y
educación en cautiverio. Los sobrantes producidos serán girados a la víctima
hasta que los montos dispuestos por el juez queden saldados, sin importar el
número de años que tal satisfacción demande.
Cabe esperar que la creatividad empresarial halle las maneras de
disuadir al malviviente que se niegue a trabajar, a través de un duro protocolo
progresivo de quite de estatus, facilidades y/o comodidades. Y viceversa, desde
luego.
Pasado cierto tiempo, la víctima (o su heredera) tendrá también el derecho
a dar por saldada la cuenta, recuperando el recluso su libertad.
Queda claro que tanto los tiempos mínimos de reclusión como los montos
indemnizatorios se elevarían proporcionalmente en casos cuya gravedad lo
amerite, como podrían ser los de violaciones, homicidios, estafa o corrupción
gubernamental seria.
Como podría también ser de norma que los jueces designen como
beneficiarias a instituciones de bien público en aquellos casos en los que la
víctima no pueda o no desee ser indemnizada o en aquellos en los que la
afectada sea, efectivamente, la comunidad.
Múltiples e imaginativas son las variantes o mejoras que una Justicia
de este tipo podría admitir pero lo
fundamental es el concepto de resarcir a
la víctima. De no hacer pagar a otros cosas que no les competen… y de
estimular un juego de responsabilidades personales, premios y devoluciones
dinerarias de estricto cumplimiento.
Cambiando la óptica de “castigo” sin sentido preciso a la de implacable reparación efectiva y personal del
daño causado, sumada a la siempre temida pérdida de la libertad lograríamos
instalar un poderoso disuasivo contra la delincuencia potencial y habríamos
avanzado en la protección de los derechos individuales a la vida y a la
propiedad. El crimen dejaría de ser el “buen negocio” que en muchos casos hoy
es.
Podría añadirse que en el marco de un sistema filo-libertario de fuerte
innovación empresarial, con agencias de seguridad ultra eficientes, sin trabas
fútiles a la actividad privada generadora de riqueza, con un alto grado de
empleo y bienestar disponibles a todo nivel, cuestiones como la pobreza o la inseguridad
se verían muy minimizadas.
Como sucedería también con gran cantidad de “delitos” de contravención
a las reglas de un Estado opresor y ladrón como el que debemos sufrir, causas
que hoy abarrotan los tribunales y que desaparecerían junto con los actuales
bloqueos a la libertad de trabajar y progresar.
La delincuencia nunca desaparecerá pero tanto en esta como en otras
cuestiones, la mejor solución siempre estará
del lado de los derechos personales (en este caso, al resarcimiento y al no
pago de gastos por algo que no hemos causado), como base inamovible para una
sociedad más justa, pacífica y civilizada.
