Enmendando a Nuestros Mayores

Julio 2017

Escepticismo y disconformidad abonan y potencian el hambre de la gente por el uso de tecnologías informáticas que tiendan a distribuir horizontalmente el poder de decisión sobre todos y cada uno de los aspectos prácticos de sus vidas personales.

Derechos individuales, en definitiva, que hoy reposan en manos de un Estado sobredimensionado e invasivo y de la sobreapoderada clase política que lo usufructúa.

Vivimos un proceso de cambio evolutivo de curso inevitable, que deberá llevar durante este mismo siglo al entero sistema democrático a un replanteo drástico de todos sus supuestos. Partidocracia de lobbies, representatividad real y atropellos de simple mayoría incluidos.

Algo que en sentido general fue previsto ya en Septiembre de 1787 por Benjamín Franklin, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.

Según una conocida anécdota, el prócer fue abordado por una mujer cuando salía del Salón de la Independencia, al final del último día de la Convención Constituyente, preguntándole “Bueno Doctor ¿Qué tenemos, una república o una monarquía?” A lo que un Franklin de ceño fruncido rápidamente respondió “Una república… si se puede mantener”.

Aludía así a sus reparos tras el duro prolegómeno de meses de intensas discusiones, casi “palabra por palabra”, que concluyeron en la Constitución que más tarde los argentinos tomaríamos como modelo y que a poco andar, en 1789, debió modificarse con el agregado de 10 enmiendas.

Tras los primeros abusos de poder, las mismas intentaban reforzar el preclaro concepto de otro de los Padres Fundadores, Thomas Jefferson, quien advertía “Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía”.

Nuestros avisados lectores supondrán qué fue de la Constitución, de las famosas enmiendas y de los temores de Franklin y Jefferson. O sea, qué es hoy de la democracia insignia. Veamos.

La Primera Enmienda garantiza que el congreso no pueda censurar; es decir, hacer leyes que restrinjan la libertad de expresión, religión o reunión pacífica.

Lo que, teniendo en cuenta el abstruso y costoso reglamentarismo vigente, empeorado después de los atentados del 11/09/01 o más aún con Trump en la presidencia, es literalmente una broma.

Pero más grave aún es la propia censura intra-ciudadana, bien representada por los estudiantes universitarios que protestan con violencia contra cualquier idea que no se ajuste a su estrecha agenda filo-socialista (de un adoctrinamiento que pretenden sea obligatorio) y que, por tanto, consideren ofensiva.

La Segunda garantiza que “el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido”.

Un derecho importante que asegura que sea el Estado quien deba temer a sus patrones y mandantes y no a la inversa. Derecho y reaseguro de hombres y mujeres libres que sin embargo se encuentra bajo el fuego permanente y el pedido de revocatoria de casi todos los medios de comunicación formadores de opinión. Y por supuesto del Estado y sus integrantes, en la inteligencia de que tal soberanía práctica contraría sus intereses de clase. El propio Franklin, un visionario y sabio libertario que tenía claros los condicionantes de la naturaleza humana y de la riqueza o pobreza de los pueblos aclaró: “la democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a comer. ¡La libertad es un cordero bien armado rebatiendo el voto!”

La Tercer Enmienda es más pintoresca, garantizando que ningún soldado pueda alojarse en una casa sin el consentimiento del propietario.

Algo que en sí no está mal, aunque sea obsoleto por contexto histórico. El ejército norteamericano nunca ha debido alojarse entre la población civil.

La Cuarta, por su parte, garantiza que “el derecho del pueblo a la seguridad en sus domicilios, papeles y efectos, contra registros y detenciones arbitrarias, será inviolable”.

La violación diaria de esta Enmienda es flagrante. Hoy día el gobierno federal espía a todos, entra en las intimidades familiares, privadas o financieras cuando le conviene y exige declaraciones impositivas tan invasivas e incriminatorias cuanto abusivas, bajo amenaza de cárcel. La pesadilla del Gran Hermano está más cerca de la realidad estadounidense que nunca antes.

La Quinta asegura que nadie puede estar obligado a responder por las consecuencias de un delito sin acusación del gran jurado.

Sin embargo, Barack Obama firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional por la que cualquier ciudadano puede ser detenido por militares en suelo estadounidense sin que se requiera proceso alguno. La policía, asimismo, está facultada a requisar teléfonos celulares y computadoras sin proceso, violando las garantías contra la autoincriminación que esta enmienda también proveía.

Conectadas con la anterior, la Sexta y Séptima Enmiendas garantizan en juicios penales o de propiedad procedimientos rápidos, públicos y con jurado imparcial.

Los centros de detención militares, el alto secreto y los tribunales especiales, así como la nueva y atropelladora Ley Civil de Extinción de Dominio vigentes o en gateras, dan por tierra con las intenciones protectoras de los constituyentes para con la seguridad jurídica sin excepciones para con las personas del llano.

La Octava protege contra “el castigo cruel e inusual”, refiriéndose a quienes violan leyes federales.

El problema está en que, al momento de sancionarse, había sólo cuatro delitos federales y ahora hay miles mientras la presión impositiva, que en aquel entonces fluctuaba en pocos puntos del PBI, se encuentra en niveles de asfixia.

La misma categorización actual como delitos (con muy graves penas) de acciones u omisiones que afecten el poder de los integrantes del gobierno para financiarse compulsivamente con la labor ajena es, a puro sentido común, un castigo cruel e inusual.

En cuanto a la Novena y Décima enmiendas, garantizan por su parte la limitación de los poderes de la administración federal en favor de los gobiernos estaduales y de las personas. Todo lo cual ha sido fuertemente revertido desde entonces (y continúa su camino de profundización) a ojos vista.

Las consecuencias de estas violaciones se encadenaron multiplicándose y la “Land of Free” ya no es lo que era, por cierto. Los temores de sus próceres se vieron confirmados y esto, en cierto modo, terminó arrastrando al resto del mundo.

Porque el hecho de poner los derechos del Estado por encima de los derechos de la gente -limitando sus libertades- tiene como consecuencia (costo) global la decadencia a todo orden. Verdad válida hasta para una superpotencia.

Algo aleccionador para nosotros teniendo en cuenta que, con sólo leer el último informe de su Reserva Federal, inferiremos que el 72 % de las empresas de los Estados Unidos hoy no son rentables, dato que no tiene precedentes.

Por otra parte, el 40 % de los jóvenes de ese país siguen viviendo con sus padres, constituyendo el porcentaje más alto de los últimos 75 años; señal muy significativa en una economía que tampoco este año logrará arañar (siquiera) el 2 % de crecimiento.

Los salarios ajustados por inflación han permanecido inmóviles desde el 2009, otro dato clave que junto al del gigantesco endeudamiento nacional, que hace años superó la barrera de su PBI anual, no hace más que confirmar que estatismo y centralidad regulatoria equivalen a crisis.

Las encuestas dicen que en nuestro país el 80 % de los ciudadanos están desinteresados de la política. No confían en su Justicia, en su Congreso ni en sus organismos de seguridad.

Harían bien, en todo caso, en terminar de romper con ella obligando por defecto a los socialistas que desde todos los frentes políticos los cabalgan, a rever sus ideas “iluminadas”, sus ansias de parasitismo social y su descarada intención de seguir impidiendo mediante sobrepesos y frenos estatales el despegue de nuestra Argentina.