Prohibido Explotar

Julio 2010

Lo que necesitamos, en verdad, es un gobierno que deje de explotar a nuestra economía.

Tenemos al peronismo kirchnerista que la explota con saña pero de nada vale apoyar a figuras, partidos o conglomerados opositores de reemplazo cuya intención confesa es seguir explotándola. Con menos prepotencia, con más orden en las calles y más respeto por las formas institucionales, pero sin cambiar el planteo explotador de fondo. Partidos que levantan sus voces con indignación contra efectos y síntomas (corrupción, pobreza, inflación, delincuencia, contaminación etc.) pero que dejarán intactas las causas que los generan.

Casi todos los argentinos estaríamos de acuerdo en que nuestro país tuviera poder económico, autoridad moral y fuera escuchado con respeto en el concierto internacional. En recuperar las Malvinas y convertirnos en meca de capitales, tecnología e inmigración calificada. O en que nuestra población accediera a la mejor educación, salud, seguridad y justicia disponibles en el planeta.

Para ello, estaríamos también de acuerdo en multiplicar los negocios honestos dando lugar a más empresas, emprendimientos y cooperativas de toda clase. Es decir, a que se invirtiera mucho más dinero y creatividad en actividades generadoras de más y mejores empleos.

Casi todos estamos de acuerdo en esto y en algunas otras cosas pero nos falta ser conscientes de algo: no pudimos lograrlo durante el último siglo (ni lo podremos lograr en el próximo), por la vía elegida de explotar a nuestra economía.
El planteo explotador de fondo sólo cambiará cuando la mayoría de los argentinos, votando en defensa propia, le bajen el pulgar a las variantes parasitarias para subírselo a las productivas.

Por poner un ejemplo, la vía civilizada para recuperar las islas pasa, guste o no, por la autodeterminación de los kelpers. Y estos sólo elegirían formar parte de la Argentina si nuestro país fuese más respetuoso que Gran Bretaña en ítems como propiedad a salvo del fisco, en protección de derechos individuales o en las libertades para contratar, acordar, crear, consumir y comerciar; seguridades jurídicas que harían de la nuestra una nación varias veces más rica, estimulante, poderosa y atractiva que su actual madre patria.

Lo cierto es que la ingenuidad y falta de educación de nuestras mayorías impide aquel voto popular, corrector e inteligente, que implica entender la dinámica del Estado.
La Argentina llegó a ser un gran país, a imitación de los Estados Unidos, poniendo ambos en funciones constituciones que obligan al Estado a respetar integralmente las libertades de la gente. Aunque en la realidad, esa pretensión fue igual a querer que funcione un cinturón de castidad dejando la llave en poder del usuario.

El idealismo de la teoría funcionó (en términos históricos) poco tiempo. Mientras duró, la nación del norte experimentó un aumento tan veloz de energía económica liberada y de bienestar, como el mundo jamás había conocido. Con cien años de retraso, nuestro país siguió esas cláusulas libertarias y como es sabido, su crecimiento asombró al orbe. Fuimos la segunda potencia de América y, mientras Estados Unidos se enredaba en la guerra civil, propiciando el comienzo de un intervencionismo estatal que constituiría el virus de su decadencia, nuestro país avanzó a zancadas de gigante, descontando la ventaja.

Sin embargo el caso argentino fue como un relámpago iluminando la noche: sólo un par de generaciones en la historia de nuestra sociedad (1536-2010), que en la actualidad sigue insistiendo con el corporativismo como modelo, a contramano del espíritu constitucional.

En el caso norteamericano, el mundo asiste al drama de su Estado hipertrófico, macrocéfalo, causando el debilitamiento de su vigor productivo, la mengua de su status de ejemplo de civilización en libertad y las tremendas torpezas de su actuación como gendarme del planeta.

Así las cosas, debemos usar el hambre de bienestar y la sed de justicia que nos devoran para hacer comprender a los oprimidos (que somos todos menos el gobierno, sus amigos “empresarios” con privilegios, los activistas totalitarios y los capo-mafia sindicales) el daño que nos causa esta brutal explotación de la economía por parte de los beneficiarios de nuestro sistema fascista corporativo, mal disfrazado de democracia republicana.

Como enseña el abogado, escritor y pensador argentino Carlos Mira “en la Argentina, una enorme porción del derecho general civil ha sido derogada por el derecho laboral general y este, a su vez, ha sido derogado en gran medida por los estatutos profesionales especiales. La manía fascista de dividir a la sociedad según “ramas de actividad” arruinó la idea de un orden jurídico universal para nuestra sociedad y, por ese camino, ha lesionado incluso el principio de igualdad ante la ley. Este sistema obliga a la sociedad a estar en una permanente tensión entre grupos sociales y pone al Estado (en realidad a los vivos que lo ocupan) en la situación ideal del repartidor que, como todo el que reparte, se queda con la mejor parte.” (*)
Explotando nuestra economía mediante el expediente de darle gas al enfrentamiento tribal entre sectores que exigen a Mamá Estado que los beneficie a costa de otros sectores, los funcionarios gobernantes obtienen riqueza e impunidad.

Tenemos entonces al sector explotado (los indigentes y asalariados con la inflación y otros impuestos, el agro con las retenciones, la industria eficiente con el subsidio a la otra, los desocupados con las reglas laborales sindicales que ahuyentan empleadores etc. etc.) hundiéndose en una pérdida general de competitividad, reflejada con claridad en el descenso-país.
Y tenemos al sector explotador (parásitos de ley, con “derecho” vitalicio al esfuerzo ajeno), que vive y prospera a expensas de los legítimos derechos a la prosperidad de terceros, prosperidad que sin fascismo se redistribuiría en bienestar y crecimiento, a través del consumo y la reinversión.



(*) del sitio www.economiaparatodos.com.ar

Armas

Julio 2010

A esta altura de la historia, la Argentina debería ser uno de los 3 o 4 mejores países de la Tierra: era un sitial al que estábamos destinados. La inteligentzia mundial así lo preveía hasta hace unos 80 o 90 años, con el liberalismo de la Constitución de Alberdi todavía en el poder.

Los países “de las inferiores”, sin embargo, nos pasaron por arriba y hoy vociferamos junto a otros payasos socialistas desde la retaguardia resentida de esa misma historia, debatiéndonos entre el canibalismo económico creador de miseria y la más abyecta decadencia ética. Con seguridad, algo digno de la triste mezcla de cretinos y delincuentes que signó al corporativismo dirigista aplicado desde entonces.

Pero nuestros gobernantes (y los aspirantes con posibilidades a serlo), no se dan por aludidos. Ellos siguen pidiendo crédito electoral bajo el mantra autista: júzguennos por nuestras buenas intenciones y no por las consecuencias de nuestras creencias y acciones.
Por razones que no viene al caso comentar aquí, nuestros votantes les han otorgado este crédito una y otra vez, sin fisuras, durante generaciones. Avalando a los representantes de nuestros dos partidos mayoritarios de centro izquierda en el gobierno de la nación, con las catastróficas consecuencias que, a todo orden, tenemos a la vista.

Uno de estos órdenes es el de la inseguridad.
El delito impune, los crímenes y la violencia gratuita campean por todas partes, a imagen y ejemplo de quienes ejercen las más altas magistraturas. Los ciudadanos de bien se arraciman, corren y se esconden donde pueden como conejos asustados, mientras mafias y pandillas tejen lazos de mutua seguridad corrupta con nuestros representantes policiales, judiciales y políticos. Es la Argentina caída y saqueada del bicentenario, donde las leyes los protegen a ellos de nosotros.

El populismo que nos bajó a garrotazos del primer mundo y la consecuente suba de incompetentes y gángsters siempre imperturbables al gobierno, son las causantes directas de este desastre. Pobreza por doquier, malnutrición, exclusión social, desesperanza laboral, des-educación, fogoneo de bajas pasiones como el odio, el resentimiento o la envidia, discriminación ideológica y por honestidad entre muchas otras duras lacras progresistas, guisaron a fuego lento el apogeo delictivo que hoy padecemos.

Se trata de un cáncer que viene creciendo desde hace décadas pero responsables prima facie de este caos, como es el caso del actual gobernador de Buenos Aires, insisten ante los medios y las legislaturas con la más curiosa de las soluciones: desarmar por completo a la población. Refiriéndose con esto a los millones de ciudadanos, trabajadores de bien y pagadores de impuestos que poseen armas legalmente adquiridas, declaradas y registradas.
Quedando de este modo su uso reservado al bando del Estado… y la delincuencia. Porque los malvivientes siempre encontrarán formas de estar bien armados, obviamente, sin declarar nada a nadie. ¿Solución curiosa? No tanto: observada con mirada adulta, nuestra pseudo democracia tiene en las fuerzas de seguridad estatales su mejor reaseguro de protección al gobierno. Contra cualquier intento del soberano (la ciudadanía) de ponerse de pie para plantarse frente sus desmadres o de rebelarse contra el peso esclavizante de sus tributos. Ellos quieren un jefe que se desarme ante su servidor, resignándose a ser un “soberano” tímido, manejable, pusilánime y genuflexo.

Más allá del clarísimo tema de la responsabilidad que pueda caberle a quien use armas, nuestra Constitución no nos prohíbe su portación. La de los Estados Unidos, que nos sirvió de modelo, lo permite expresamente siendo sus ciudadanos celosos custodios de este derecho fundamental, propio de hombres y mujeres libres.
Prohibirlo, al decir de Cesare Beccaria (1738–1794, considerado el padre del derecho penal) “sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga”. Con el mismo argumento habría que prohibir los cuchillos en las casas o los autos en las calles: son armas letales, como podrían serlo cientos de otros objetos y elementos de la vida cotidiana.

Más armas en poder de quienes no piensan delinquir (la enorme mayoría de la gente) disminuye la criminalidad, como lo demuestran las más serias investigaciones estadísticas, y viceversa. Porque el conocimiento por parte del atracador de que la víctima podría estar armada, tiene un fuerte efecto disuasivo, protector de propiedades y vidas humanas.
Un arma en poder de un padre o madre de familia hace más difícil, no más fácil, la acción del violador, el secuestrador, el asaltante o el criminal merodeador. ¿O acaso la legítima defensa propia dejó de ser un derecho humano protegido por nuestros jueces? Porque si así fuese, se impondría la necesidad de otra acción civil correctora, en aras de nuestra propia seguridad.

La táctica propiciada por las autoridades de la no resistencia, la entrega y el sometimiento al desquiciado, puede resultar atractiva para algunas personas pero la crónica diaria desmiente su supuesta efectividad, teniendo en cuenta el “efecto coctel” de: juventud sin horizontes, educación basura (sin principios) y droga fácil que nos inunda al compás del estatismo clientelar. Que a su vez es el arma propia de esas mismas autoridades, para abrirse paso hacia la cueva de la impunidad política, el enriquecimiento sucio y las repugnantes sociedades del poder.
Y esa sí es un arma de altísima peligrosidad, que deberíamos quitarles mediante otra arma igualmente letal para ellos: el voto inteligente; el voto patriótico; el voto no comprado; el voto en defensa propia y de todos los honestos y honestas, que son carne de matadero en esta tierra de maleantes en que se va convirtiendo nuestra Argentina.