Propiedad Privada

Mayo 2008

Los ataques al derecho humano básico de propiedad privada, han sido una constante en la historia moderna de nuestro país.
Gobiernos militares, radicales, peronistas e incluso conservadores amontonan responsables con nombre y apellido de haber firmado leyes, decretos, sentencias, declaraciones y órdenes que lo vulneran.
En tal sentido, el catastrófico resultado de haber violado nuestra sabia Carta Magna en letra y espíritu, está a la vista de propios y extraños.

Hay conceptos que no pueden ser separados: derechos de propiedad y prosperidad son dos de ellos. Los países que prosperan son aquellos en los cuales este derecho se respeta. Es directamente proporcional: a mayor respeto, más prosperidad general.
La propiedad privada hace literalmente la diferencia entre pobreza y prosperidad en cualquier sociedad. Cuanto mayor sea el énfasis del gobierno en la defensa de los derechos de propiedad, tanto mayores serán la inversión y el ahorro. Asegurar los bienes de los ciudadanos contra robos, daños, confiscaciones o impedimentos de uso (léase reglamentaciones totalitarias), se traduce de inmediato en poderosos incentivos para trabajar con eficiencia y en consecuencia, en mayores oportunidades de creación de riqueza y en mayor crecimiento de la economía del país.
No hay pobreza como la nuestra en los países que se desarrollaron por el honesto camino del respeto de la propiedad ajena. Desde luego, hay mucha más gente rica y la hay también de inmensa riqueza. Los “pobres” en aquellas sociedades, en cambio, son “ricos” gozando de un alto nivel de confort y seguridad, justicia, jubilaciones, salud y educación sin punto de comparación con la pobreza argentina real.

En el sistema de la propiedad privada las personas pueden usar sus recursos como deseen y también pueden cederlos a voluntad sin temor a celadas impositivas ni impedimentos pseudo-legales paralizantes. Todo lo contrario de lo que vemos aquí.
Cifras mundiales promedio de tan solo 2 años atrás nos muestran que los países donde más se respeta el derecho de propiedad, con una justicia “que funciona” tienen un producto per cápita de U$S 23.700.- mientras que los que la respetan un poco menos sólo logran llegar a U$S 13.000.-
Por su parte, los países con “protección moderada” de la propiedad privada y con un sistema judicial “no totalmente corrupto” caen a un producto per cápita de U$S 4.900.- y aquellos con muy poca protección y un sistema judicial corrupto, sólo llegan a U$S 2.600.-. Cualquier comentario sobra.

Las democracias sólidas y respetuosas de la división de poderes parecen ser, a la luz de la experiencia, las que mejor protegen estos derechos esenciales. Su éxito sin embargo no proviene de la fortaleza y solidez del gobierno sino de su preocupación por preservar la propiedad privada y el libre uso de esa propiedad en el comercio por parte de los propietarios.

Problemas como la economía “negra”, la evasión generalizada, la violencia en ascenso, la resistencia a respetar y ayudar al prójimo o tantos otros que nos abaten como argentinos son en realidad una adaptación social a sistemas de derechos de propiedad inciertos y condicionados al humor de los funcionarios, normas coercitivas de escaso sentido común y excesiva presión tributaria. Socialismo, que le dicen.

Mitos Urbanos

Mayo 2008

Para comprender la verdadera situación del campo (que con las cadenas de valor agroindustriales conexas, representa el 36 % del empleo total del país y el 44 % de sus recursos tributarios) debemos tener en cuenta algunos datos de la realidad del 2008, tomando distancia de la realidad modelo 1948 que, con 60 años de atraso, maneja el gobierno nacional.

El nuevo aumento con indexación automática de las ya aumentadas retenciones, sumado a todos los impuestos que, al igual que el resto, sufren los productores agropecuarios afectará gravemente a las explotaciones medianas y chicas. De eso no cabe duda y se inscribe en la más clásica doctrina peronista; la que creó las villas miseria en los conurbanos desde la década del 40 con emigrantes de un sector rural que se pauperizaba al influjo de políticas falsamente industrialistas que ya en aquel entonces empezaban a saquear y denigrar al agro.

En los últimos 5 años desaparecieron 4 o 5 mil tambos, especialmente pequeños, expulsando mano de obra rural sin empleo hacia las ciudades, volcando esas superficies mayormente a la agricultura. Es la directa, inapelable, brutal y palmaria consecuencia de las políticas de precios e intervenciones de mercado de los gobiernos kirchneristas.
Es sólo un ejemplo ya que también desaparecieron gran cantidad de productores chicos tanto ganaderos como agrícolas o de economías regionales inmolados por la misma e innecesaria causa.

Eso facilita la presencia de productores más grandes, que aumentan su escala incorporando la superficie que se les presenta como disponible. El aumento de escala es la respuesta racional, profesional a los desafíos que presenta un aumento tan irracional de impuestos y prohibiciones, que bloquean el mercado libre y disminuyen artificialmente la rentabilidad.
A mayor escala, más tecnología de punta aplicada (más siembra directa, implementos satelitales, maquinaria que desperdicia menos etc.), más insumos conservacionistas por unidad de producción (fertilizantes que devuelven lo extraído, controles de plagas biocompatibles etc.) y más eficiencia de costo por unidad de producto (kg. de carne, ton. de girasol, litro de leche, kg. de lana, pie de madera, kg. de miel, huevos por gallina etc.) con lo que se defiende un poco mejor la rentabilidad frente a la insaciable voracidad fiscal.
Si la rentabilidad empieza a bajar, los que tienen menos escala y reservas de dinero caen primero. Evidentemente los impuestos nunca favorecen a la gente que produce bien (sí a quienes no producen nada o a quienes producen bajo subsidio) sean estos grandes, medianos o chicos. Pero a mayor presión impositiva, mayor concentración de la producción en pocas manos.

Aclaremos que muchos productores grandes son pooles de siembra.
O sea personas ajenas al sector, que no tienen tierra ni herencias y que pretenden (¿por qué no?) participar del negocio que el mundo hoy nos ofrece en bandeja. Nada más democrático, por cierto. Se juntan 30 o 100 ciudadanos “de ciudad” que quieren ser productores agropecuarios y arriesgan sus ahorros. Contratan profesionales idóneos, dan trabajo a chacareros con máquinas, rotan agronómicamente los cultivos por directo interés propio, pagan muy bien a todos los proveedores locales de servicios, aplican la más moderna tecnología posible, pagan escrupulosamente todos los impuestos y gabelas requeridos, contratan personal “en blanco” con aportes y seguros, arriendan campo a altos precios a gente de los pueblos del interior y obtienen, desde luego, su ganancia si todo sale bien. Y en el campo muchas cosas pueden salir (y salen) mal, a diferencia de la producción bajo techo.
¿Cuál es el problema? ¿Qué producen mucho? Vamos, señores...en todo caso el problema es el minifundista, responsable de la degradación de los suelos y los perjuicios del monocultivo porque no le da (en este esquema fiscalista) para aplicar a conciencia, aunque quiera, la tecnología disponible que contrarreste los posibles daños.

Los subsidios y reintegros son una entelequia. Una estafa más, burda y cínica. Requieren presentaciones, colas, papelería, demostraciones de pagos de impuestos e infinidad de detalles que pocos están en condiciones de cumplimentar. La conocida historia de estos manejos de burócratas de escritorio es clara. Sólo algunos consiguen, a la larga, algún subsidio.
Las estadísticas dicen que por cada 10 que se le succiona al productor, se le devuelve 1,5. Y ese 1,5 va a parar mayormente a usinas lácteas, a frigoríficos de mafiosos amigos o destinos similares.
Además, los argentinos están dándose cuenta de que aceptar que el Estado se lleve nuestras ganancias bajo la promesa de que luego las “devolverá” a su criterio, implica someterse a la esclavitud y la indignidad de estar siempre pendientes de agradar al gobernante, so pena de quedar en su vengativa mira telescópica. Subsidios y reintegros son sistemas de dominación.

Por otra parte, es infantil y tendenciosa la pretensión de dividir en “malos” y “buenos” a los productores agropecuarios según el tamaño de su explotación. Lo que es bueno para el país (y para la recaudación de impuestos) es la producción de más saldos exportables y más producción volcada al mercado interno estimulando la competencia y atrayendo capitales, aumentando la productividad y la demanda laboral con altos sueldos.
Si es bueno para el chico, es bueno para el grande y es bueno para el país en su conjunto. Si es malo para el chico, es malo para el grande y es malo para el país en su conjunto. Necesitamos reglas claras, estables, no discriminatorias y de sentido común aplicadas a todos por igual, como garantizaba la Constitución Nacional.

Si queremos hablar de hechos y no de fantasías o deseos, sepamos que predio pequeño por lo general no es sinónimo de mejor persona con sus empleados, de mejor pagador de impuestos al fisco ni de mejor tecnología aplicada a manejos más eficientes y amigables con el ambiente. Más bien la tendencia apunta en sentido contrario a la luz de la historiografía rural comparada.
Y que el repoblamiento rural y sobre todo de los pequeños pueblos y ciudades del interior nunca vendrá de la mano de burócratas de escritorio ni de megaplanes de reingeniería social sino atraído por la riqueza y prosperidad generada por la labor fecunda en esos mismos sitios, y aún en ciudades grandes, en lugar de quedar esterilizada en malgasto estatal (por decirlo suavemente).

Por último seamos conscientes de que el desarrollo tecnológico que nos acerca los beneficios del progreso, sólo aparece tras las inversiones de capital de riesgo. Y estas solo aparecen en aquellos lugares donde se respeta la propiedad de los medios de producción. Si el derecho de propiedad no es respetado, inversiones, creatividad y desarrollo aterrizan en otra parte.
El derecho de propiedad es incompatible con impuestos confiscatorios, con reglamentaciones totalitarias o con la conculcación de libertades como la de ejercer toda industria lícita.
Si no hay seguridad jurídica que frene el comportamiento despótico de los gobernantes, no hay nada.

¿No estaremos durmiendo con el enemigo?