Julio 2023
Hace
unos días la bien informada periodista Inés Capdevila publicó un artículo en el
que se refería a algunos puntos de la plataforma electoral de La Libertad
Avanza (J. Milei).
Bajo el encabezado inicial Ideas disruptivas pero viejas, se detenía en 3 propuestas (dolarización, vouchers educativos, portación de armas) y en los resultados que las mismas habían obtenido en otros países, data que analizaba con un claro sesgo negativo. Sin embargo y más allá de los títulos, la descalificación se revertía por sí tras la impresión de que, mediando algunas correcciones y previsiones basadas en esas mismas experiencias, las propuestas serían aquí no sólo viables sino benéficas.
En lo que toca a la posible dolarización, el ejemplo elegido por la periodista fue el de Ecuador, donde computaba como resultados a favor la desaparición de la inflación y una fuerte reducción de la pobreza junto al crecimiento de la producción y al blindaje del país contra casi todas las crisis externas sucedidas, exceptuando la pandemia que encontró al Estado con escaso margen de maniobra fiscal para auxiliar a una población encerrada. Los argumentos en contrario se centraban en el aumento de la desigualdad (pese a la caída de la pobreza), a una relativa desindustrialización y al aumento de los episodios de inseguridad de la mano de mafias y traficantes de drogas que lavan allí sus dólares malhabidos.
Tres situaciones solucionables en nuestra Argentina: la primera, dando continuidad y fuerte impulso mediático a la batalla cultural en proceso en favor de la libertad y contra el pobrismo clientelar, bajo la idea fuerza genérica de no me importa la desigualdad porque no soy envidioso; me importa la pobreza. Y demostrando en los hechos las bondades en innovación, emprendedorismo, generación de empleo y sobre todo movilidad social ascendente, de un capitalismo con conciencia comunitaria (eficiencia dinámica y gestión social empresarial) propio del siglo XXI.
Puntualmente, Milei propone legalizar el uso de monedas en competencia con el peso, evaluando una eventual dolarización pensada como el reaseguro de un país adicto a la droga inflacionaria, para una segunda etapa.
En lo que respecta a la desindustrialización y al no aporte de valor agregado a la producción primaria, debe tomarse nota de las diferencias productivas y de potencialidad entre Ecuador y Argentina en un sinnúmero de rubros, datos todos que alejan dicha posibilidad. La tercera objeción, referida a mafias, narcos, lavado de activos e inseguridad asociada, resulta obviable mediando decisión política en la estricta implementación de unas pocas reglas básicas de convivencia, orden público y libertad financiera responsable.
En el tema de los vouchers educativos, el artículo ponía como ejemplo a Chile. Allí se implementó desde 1981 el subsidio a la demanda (los alumnos de bajos recursos) en lugar de a la oferta (las escuelas públicas) para que los establecimientos compitiesen por su clientela estimulando así la excelencia. Y se continuó con el subsidio de algunos colegios privados, creando de este modo un sistema mixto. Como resultados a favor computaba la dinamización de todo el sistema y el mayor número general de escolarizados, creciendo también tanto el gasto por alumno como los resultados chilenos en las pruebas Pisa a nivel mundial. Los argumentos negativos se centraban en que, con el tiempo, surgió una segregación basada en que a los colegios privados y semi privados se les permitieron libertades programáticas y posibilidades de lucro que a las escuelas públicas no, tendiéndose entonces a una selección natural de “mejores alumnos” por propia economía de formación. La discriminación resultante aportó a una insatisfacción social por desigualdades varias que derivó finalmente en los graves disturbios de 2019, seguidos por la exigencia de cambio (en proceso) de la entera Constitución nacional.
Son objeciones y derivaciones que hallan solución en, justamente, aprender de aquella experiencia ajena. El sistema de vouchers que Milei propone (recién para una tercera generación de reformas) nos sirve, en todo caso, en la larga transición hacia un sistema completamente privado a darse a futuro en una sociedad de propietarios, libertaria y exenta de pobreza. Portando además el potencial de frenar nuestra decadencia cultural si aplicamos con mayor justeza que en Chile las ideas de la libertad. Esto es: prioridad presupuestaria estatal para el rubro educación, libertad de currícula y de ganancia para todos por igual con libre acción competitiva en becas o sobre cuotas, así como de implementar fuertes bonus por resultados para docentes y directivos de escuelas públicas. Además, claro, de cláusulas generales anti segregación (pocas pero de gran sentido común) bajo estrictas y taxativas penalidades.
Un tercer tema tratado era el de la portación de armas. Y el ejemplo elegido fue el de otro país cercano, Brasil, donde J. Bolsonaro liberalizó en 2019 su tenencia “a las personas de bien para disuadir a los violentos”. Los resultados positivos consignados parecen demoledores ya que los femi/homicidios disminuyeron desde su pico máximo histórico de casi 60.000 en 2018 a 40.800 en 2022, no obstante considerar que los resultados de este tipo de políticas suelen reflejarse a largo plazo. Por su parte, las argumentaciones negativas se diluyen en una serie de motivos menores en el intento de explicar la brusca baja, tales como envejecimiento poblacional, aumento de recursos en seguridad y profesionalización de la delincuencia. Y en objetar que la intención oculta del presidente fue (a similitud de EEUU) la de armar mejor a la población, empoderándola ante la eventualidad de que autoridades más estatistas quisieran en lo sucesivo imponer medidas que contrariaran legítimos intereses y libertades personales de la gente de bien. A nuestro modo de ver, argumentos que potencian la propuesta de J. Milei de facilitar a los argentinos honestos (mayores, sin antecedentes penales y previo curso de capacitación) su libre adquisición y portación.
Nos resistimos a creer que medios de comunicación serios, no rentados por el kirchnerismo, hayan establecido una línea editorial direccionada en contra del libertario.
Un
sesgo estatista y pro regulador, no obstante, parece permear últimamente a
profesionales de la pluma que hasta hace poco defendían con valentía toda
acción en favor de la disminución del poder político (vale decir, de la
coacción estatal) y del aumento del poder social (es decir, de la más
amplia libertad de acción privada).
