Plan de Acción


Febrero 2018

Uno de los más notables presupuestos o clichés aceptados por la agenda democrática argentina refiere a la percepción mayoritaria de que “el peso de la crisis económica nacional la soporten (paguen) en mayor medida (o toda, si fuese posible) quienes más tienen”.
Cuando en rigor de justicia, la crisis nacional o cualquier crisis pública debe ser pagada (expiada con asunción de culpa, compensada en lucro cesante y daño emergente) por quienes la causaron. No por el grupo equis que resulte más o menos antipático al opinador, supuesto portador de superioridad moral.

Una forma de ver el problema de nuestra recurrente crisis socioeconómica, del duro freno al ascenso social y cultural de los más pobres implementado por el “sistema peronista” y experimentado bajo distintos gobiernos en los últimos 74 años, es relacionándolo a la quiebra del erario. Al hecho de haber persistido en gastar más de lo que ingresaba.
La ruina progresiva impulsó así a un Estado desesperado a incurrir en dislates impositivo-reglamentarios minados de privilegios sectoriales discriminatorios y de avales mafiosos anti-igualitarios, que arrastraron al empresariado honesto a la desinversión, a la decadencia y a la más brutal desmotivación a lo largo de 3 generaciones.

Fuimos, ante sociedades más perspicaces, la imagen cabal de sucesivos gobiernos de ineptos tocando reiteradamente el fondo mismo de la imbecilidad; estrangulando casi sin pausa a la gallina de los huevos de oro.
Los responsables últimos de estos gobiernos de incapaces y corruptos, no fueron otros que los millones de votantes que, a sabiendas, los elevaron a los poderes ejecutivo y legislativo (incluso al judicial).
Pretendiendo luego -y logrando- que las consecuencias de sus crisis fueran compartidas por quienes no los votaron.
Por sus resultados acumulados en pobreza, derrumbe ético y atraso general, está claro que se trató de un tipo de voto tan tenaz… como delincuencial.
Tal la “ciudadanía” con la que debemos lidiar: 12.317.000 almas según la última compulsa electoral.

En un hipotético sistema libertario anarcocapitalista, todas estas almas “bellas” tendrían la posibilidad de conformar comunidades voluntarias (impositiva y reglamentariamente virtuales o bien físicas) donde poder dañarse mutuamente con sus creencias redistribucionistas, sin afectar proyectos de progreso ni patrimonios ajenos.
Claro que a la vista del fulminante éxito económico que tendrían los ciudadanos voluntariamente autoexcluidos de su modelo estatista, tales comunas tenderían a desintegrarse para pasar sus individuos a revistar en los modelos alternativos (antes vilipendiados) de mayor libertad con menor -o nulo- fiscalismo y burocracia.

La coactiva realidad actual, sin embargo, es una donde pagan justos por pecadores. Todas las veces, sin excepción.
Una donde las responsabilidades inherentes al impulso meritocrático individual en pugna con las de quienes avalan la cultura del parasitismo, se diluyen entre los pliegues de un sistema que permite tirar la piedra y esconder la mano.
Como cualquiera puede intuir, la trenza-matriz de nuestra asfixia, o sea las oligarquías “en espejo” de empresarios proteccionistas, sindicalistas mafiosos y políticos corruptos resultante de todos esos votos delincuentes, no se regenerará de motu proprio sino sólo ante una votación en defensa propia por parte de una cierta cantidad de ciudadanos. Una masa crítica definida por actuales votantes de izquierdas que caigan en cuenta de que las crisis populistas no deben ser cargadas sobre “los que más tienen” (eventualmente, los que más podrían invertir para paliarlas) sino asumidas a conciencia como propias, en forma personal.
Y que esa caída en cuenta incluya la cuota de lucidez (y patriotismo) suficiente como para apoyar durante las próximas décadas a los candidatos que mejor y más rápidamente aseguren el re-acercamiento de nuestra Argentina al estatus de potencia económica global, con todo lo que eso implica para el prestigio nacional y, desde luego, para el bienestar de nuestra población presente y futura.

En las actuales circunstancias, como parte del largo camino hacia una sociedad más libre, justa y evolucionada, tal seguridad sólo puede ser brindada por aquel programa de gobierno que se proponga llevar a efecto, durante los próximos dos períodos presidenciales, medidas que reviertan por completo la explotación de los honestos (pobres y ricos) por parte de estas tres oligarquías vampiras.

Para lograrlo, debe apuntarse en primer lugar a un serio rediseño de nuestro sistema judicial para llevarlo a altos niveles de informatización e independencia, de igualdad absoluta de los ciudadanos ante la ley, de judicaturas por estrictos concursos de excelencia y a un férreo control de gestión que haga imposible toda discrecionalidad.
Asimismo, debe encararse con celeridad y firmeza la liberalización y modernización de nuestros sistemas educativos y de sus contenidos a fin de echar a rodar una reversión masiva de las utopías estatizantes que nos llevaron al colapso, trocando la actual escala de valores centrada en el parasitismo irresponsable por otra que promueva el emprendedorismo, la responsabilidad personal, la cultura del trabajo y la capacitación constante, orientada a nuevas tecnologías funcionales a nuestra más plena e inclusiva inserción en modelos vanguardistas de capitalismo avanzado.

En cuanto a nuestras taras y rémoras más prosaicas, damos por sobreentendido que tanto el actual gobierno como un creciente número de ciudadanos comprenden que, aún con cierto gradualismo, no nos será posible volver a hacer de la Argentina un país viable sin:
a) Usar el endeudamiento como palanca transitoria para reducir drásticamente todos los impuestos a fin de atraer ingentes inversiones productivas, generadoras de nuevos puestos de trabajo. Y para reducir los restantes tributos compensando la reinversión de utilidades.
b) Integrar nuestra economía al mundo, eliminando las retenciones y toda otra traba impositiva o burocrática de “costo argentino” que frene nuestras exportaciones.
c) Desregular fuertemente la actividad nacional, especialmente en los ámbitos educativo, comercial, financiero y laboral (incluyendo al unicato sindical y la afiliación compulsiva), a fin de afianzar en forma consistente la radicación de capitales de riesgo compatibles con un serio aumento en la demanda de empleo formal.
d) Bajar hasta niveles de déficit cero el gasto público en sus tres niveles, impulsando la transferencia de 1 millón y medio de empleados públicos (actual desocupación encubierta) a la actividad privada en reactivación, organizando un sistema previsional autosustentable sin tabúes ideológicos paralizantes de por medio, terminando con los anti-igualitarios regímenes de “promoción industrial” y racionalizando hasta el nivel individual la entrega de subsidios transparentes, publicados y específicos a ciudadanos identificados que realmente los necesiten.
e) Afianzar el federalismo regionalizando al país en “provincias” de escala sustentable, conforme a la nueva proyección capitalista de generación racional de recursos propios, la cual podría ser muy distinta de la actual habida cuenta de la “apertura mental a la riqueza” y de las sinergias zonales que en tal supuesto se darían.
Con ello se contribuiría, también, a la imprescindible baja del gasto político.

De este modo, si de aquí a fines de 2019 el gobierno del Ing. M. Macri lograse desactivar las bombas de tiempo sociales dejadas hace 2 años por el peronismo kirchnerista, cercando los incendios económicos remanentes, quedarían sentadas las bases para que, en un segundo mandato presidencial seguido por un tercero de la coalición Cambiemos (¿con la Lic. M. E. Vidal al frente?) a concluir a fines de 2027, estos objetivos -ya cumplidos- conformen la perfecta plataforma de despegue de nuestra república hacia ese estrellato planetario de donde nunca debimos caer.

¿Podrán disfrutar nuestros hijos y nietos de esa situación de poder, orgullo de la argentinidad, oportunidades para la libertad, la no violencia y la riqueza?

De la actitud proactiva o de la pusilanimidad de nuestra generación depende.












Judicaturas II

Enero 2018

Uno de los motivos por el que las “fallas” en tantas instituciones estatales de -supuesto- servicio público se repiten y perpetúan es porque los Estados no sobreviven ni crecen debido al grado de su excelencia (como ocurre con los proveedores de servicios en mercados libres y competitivos) sino por su capacidad de coacción.
Y ciertamente la Justicia, en tanto institución monopólica de Estado, no es la excepción.
La actividad privada voluntaria (con el afán de lucro morigerado por la competencia como motor) será siempre superior en resultados a la actividad del gobierno (con la coerción como motor) en cualquier área, incluyendo la de controlar -y hacer pagar- a quienes perjudiquen al prójimo.

Como comentáramos en la nota de divulgación precedente (Judicaturas), existen alternativas de impartición eficiente de justicia para los casos que hoy abarrotan los tribunales civiles (mayormente disputas de índole económica).
Las hay de la mano de entidades privadas de mediación y arbitraje en combinación con compañías de seguros; y eventualmente de estas últimas con agencias de seguridad.
Pero también las hay para los casos penales más serios, incluyendo daños, estragos, agresiones o asesinatos.

El concepto estatista de justicia punitiva, hoy vigente, es aquel donde el delito del reo es considerado una ofensa “a la sociedad” siendo esta representada por el Estado, quien eventualmente captura, juzga, condena y castiga con prisión al delincuente, con cargo de todos los gastos a la misma e indiferenciada “sociedad”, a través de dos únicos caminos complementarios: impuestos generales (incluyendo entre estos a la inflación) y deuda nacional.

Por el contrario, el concepto libertario o anarcocapitalista de justicia es aquel donde el delito del reo es considerado una ofensa personal a la víctima con quien contrae una deuda que habrá de ser compensada en dinero, que el mismo delincuente deberá abonar.
Nada tienen que ver aquí el resto de los ciudadanos (“la sociedad”), a quienes en ningún caso se cargará con los costos del proceso.

En este sistema de justicia retributiva quien condena y mensura la correspondiente indemnización final en dinero es un árbitro privado (tras las correspondientes mediaciones y eventuales apelaciones, tal como se detalla en la nota precedente), quien detiene es una agencia de seguridad e inteligencia privada, quien cobra al victimario y abona a la víctima es el propietario del campo de trabajo privado de alta tecnología penal-empresaria donde el agresor quedará internado hasta que salde su deuda y quien indemniza (si corresponde), es una compañía de seguros privada.

De este modo, el reo que no quiera o no pueda pagar la suma fijada en su condena arbitral quedará internado en el campo de trabajo que mejor se adecúe a sus habilidades, donde generará a lo largo de los años que hagan falta (eventual capacitación incluida) el dinero para pagar todos los costos de su captura y proceso, así como los de su manutención y educación además de la suma indemnizatoria destinada a su/sus víctima/s o heredero/s, cargos eventual, total o parcialmente adelantados a los acreedores por la compañía de seguros interviniente.
Con independencia de lo anterior, cabrá al árbitro la potestad de imponer un número mínimo de años de reclusión, a fin de impedir que personas ricas puedan agredir o matar en forma impune, pagando exclusivamente en dinero por ello. Así como cabrá a la víctima la potestad de renunciar a su acreencia, liberando al delincuente de esa responsabilidad, si bien no de su prontuario, expuesto de por vida en red abierta.

Es dable imaginar a estos modernos centros de detención privados con explícito fin de lucro, como una combinación sinérgica de servicio social y ganancia empresaria, operando bajo las modalidades más creativas y diversas que el ingenio humano pueda proponer.
Incluyendo variantes de premio-castigo para los internos que colaboren en favor o que se rehúsen a cumplir con su rutina. Agregando o quitando privilegios y calidad de servicios, que podrían contemplar ítems como la comida, el esparcimiento, las tecnologías, el tipo de contacto con familiares o la provisión de muy distintas clases de comodidades sanitarias, de trato, de horarios o alojamiento.

Como decíamos antes, en una comunidad altamente contractual (voluntaria; no coactiva) y conectada en red a todo efecto, la condena social y comercial, la exclusión virtual, financiera y hasta física constituiría un muy poderoso disuasivo frente al crimen y la estafa, estimulando en gran forma la virtud de la responsabilidad y la cultura del trabajo honesto, así como la meritocracia.
Efecto rector que obviamente aplicaría a las mismas agencias de seguridad, compañías de seguros y agencias arbitrales (en abierta competencia de mercado), quienes dependerían de su reputación, economía, rapidez y afabilidad de trato para sobrevivir y prosperar.

En cuanto al tratamiento de delitos “contra la sociedad en su conjunto” como es el caso de los tan actuales crímenes “de corrupción”, deberíamos situarlos también en un marco libertario, donde un hecho de corrupción como podría ser una coima o porcentaje para que el funcionario responsable direccione la licitación de un puente cuyo contratista lo haga con sobreprecio, será cuestión privada denunciable por parte de cualquiera de los aportantes afectados: individuos o redes contractuales de ellos; empleadores que pagan el sueldo del gerente-funcionario a cargo de la contratación de ese puente en particular, de uso privado o público-pago, encomendado por la comunidad en red (de primero, segundo o tercer grado) contractualmente organizada de la que se trate.
En un sistema así, la corrupción sería sin duda (y como tantos otros) delito en vías de extinción.

Disminuir la capacidad coercitiva del gobierno (por ejemplo, en el caso de la Justicia) aumenta la eficiencia del desenvolvimiento social en la creación de valor al hacer variar el fiel de la balanza hacia lo voluntario-contractual que es, qué duda cabe, la variante más evolucionada.
Reducir proporcionalmente la exacción impositiva (en línea con la no-violencia) a medida que el Estado se retira dando paso y oxígeno a la iniciativa privada equivale a poner más dinero en los bolsillos de la gente y a empoderarla en su capacidad de elección ya que, como todos sabemos, la libertad sin medios no sirve de mucho ni inspira a las mayorías en la necesaria pasión de su defensa.




Judicaturas

Diciembre 2017

Hace poco y con motivo de un problema judiciable en ciernes, tuvimos ocasión de comprobar el funcionamiento del sistema de mediaciones en la ciudad de Buenos Aires.
En efecto, una abogada mediadora privada designada de común acuerdo entre las partes fue capaz, tras 4 encuentros y un módico honorario, de conducirnos a un arreglo si no ideal, al menos aceptable para todos.
Nos ahorramos así un juicio largo, desgastante, costoso y de desenlace incierto. Y contribuimos con la comunidad, al evitar seguir agregando peso a los ya colapsados tribunales nacionales.

A diferencia de la visión libertaria de la Justicia, aún los liberales defensores del “Estado mínimo” sostienen que este es necesario, entre otras cosas, para sostener el monopolio de un Poder Judicial y una fuerza armada de aplicación que solucionen las controversias sociales de manera pacífica.  Para mantener una única corte final de apelaciones obligando a los litigantes a someterse a ella y, en definitiva, a sus leyes. Así como sostienen también que los funcionarios de este Poder son más imparciales que su alternativa privada dado que no tienen intereses ocultos que los condicionen como los que podrían presumirse de su contraparte, sometida a las leyes del mercado.

Lo cierto es que, al abordar este tema, tocamos aquí a un “intocable”; a una verdadera vaca sagrada del estatismo: la de su monopolio judicial.

Aun así, aprovechando la circunstancia de ser un Poder tan cuestionado, tan costoso y tan falto de credibilidad (según encuestas, entre 78 y 83 % de la ciudadanía argentina hoy, no confía en su Justicia), abordaremos el tema marcando acaso algunos básicos; propuestas de aplicación gradual y sentido común.
Hojas de ruta posibles para un gobierno como el macrista, supuestamente encaminado hacia la modernidad a través de una baja impositiva y regulatoria.

Para no extendernos demasiado, dejaremos por ahora de lado el capítulo referido a un tipo de Justicia más avanzada, totalmente privada y de jurisdicciones competitivas, así como el tratamiento libertario de delitos graves contra la vida o la integridad de las personas y contra la “sociedad en su conjunto” (como la corrupción estatal), para centrarnos en las diferencias económicas y conflictos varios que abarrotan el 90 % de la capacidad de nuestro actual sistema.

Y convengamos entonces en asumir que las partes en disputa son eventualmente capaces de elegir a sus propios árbitros. Como que parece asimismo claro que, con suficiente demanda, surgirían numerosas nuevas agencias privadas de mediación y arbitraje atendidas por profesionales. Que además podrían ser (¿por qué no?) muchos de quienes trabajan hoy a tiempo completo para el modelo de justicia estatal.
La gente obtendría así ventajas tangibles, derivadas tanto de la competencia como de la especialización. Incluso con la aparición de agencias dedicadas a arbitrajes de última instancia (las actuales cortes de apelaciones), convenidas de antemano entre los litigantes con la ayuda de sus respectivos abogados.

Una sociedad moderna es una sociedad contractual. Desde un plan de estudios o un empleo hasta operaciones comerciales de envergadura, casi todo tiene su anclaje en contratos. Estandarizados, implícitos, puntuales o correlacionados, la protección de cumplimiento de los mismos está dada hoy, en último término, por la fuerza pública.
Dicha protección de contratos es hoy en verdad un gran mercado o negocio, de inmenso costo total final para el conjunto (reflejado, al fin de la jornada, en inseguridad, pobreza y marginalidad, entre otros ítems), mayormente mal atendido. Que lo estaría mejor bajo agencias de arbitraje trabajando en conjunto con compañías de seguros.

Así, los contratos que se celebrasen entre partes podrían tener una cláusula vinculante donde quedara designada la agencia a la que se recurrirá en caso de divergencias. Designándose también a la o las agencias arbitrales de eventual apelación.
Todo lo cual es obviamente mejor que no poder optar por variantes de eficiencia y especialización siendo forzados a aceptar el veredicto de una única corte final para todos los casos y temas, por diferentes que estos sean.

Por otra parte, el argumento de la imparcialidad de los jueces del monopolio actual se desmorona ante el hecho comprobado, entre otros, de la “lealtad política” que estilan profesar a los gobiernos y a sus amigos, siendo impelidos (con toda lógica) a ser parciales en favor del Estado del que forman parte y del que obtienen su paga y su poder.
El árbitro que vende sus servicios en el mercado, en cambio, depende de su habilidad para actuar con verdadera justicia en la solución de los diferendos. Habilidad que, junto a la honestidad, imparcialidad, rapidez y moderación de honorarios, cimentará su reputación. Complementada por su capacidad empática para con los sentimientos e intereses de los litigantes, actuando con ánimo de dirimir disputas más que de dictar sentencias.
Deben actuar así, a diferencia de los jueces actuales, so pena de quedarse prontamente sin clientes a manos de la misma y entrenada competencia que se encargaría de fiscalizar, por interés propio, sobre cualquier irregularidad que cometa.
Puja que se daría, como en cualquier transacción comercial, por precios más bajos y mejores prestaciones, minimizando las demoras e incertidumbres hoy usuales, generadas por abogados poco escrupulosos o simples golpes de suerte.

La intervención de compañías de seguros se daría (aparte de coberturas habituales como las que se dan en los casos de contratos de venta en cuotas, muerte o incapacidad del deudor) en los casos de simple incumplimiento, como un anexo de norma en cada contrato.
Allí se especificaría que la cobertura quedaría supeditada al previo paso por la mediación arbitral antes apuntada, incluyendo las apelaciones. En la última instancia y ante una negativa a acordar, el árbitro final impondría a la parte incumplidora la reparación monetaria equivalente más el costo de los arbitrajes incurridos.
De negarse o serle imposible su cumplimiento, la aseguradora indemnizaría a las partes acreedoras con dicha suma y se haría con la titularidad de la acreencia para continuar con el intento de cobro por otros medios.
Podría entonces re-pactar plazos, prever formas originales de resarcimiento, vender la deuda a terceros o proceder como le convenga utilizando todas las herramientas legales de presión disponibles. Por ejemplo, embargando o reteniendo acreencias de su banco o de sus deudores. O bien sueldos y premios de su empleador, si se trata de un empleado.

La presión principal, sin embargo, sería la de la “condena social institucionalizada” porque en una sociedad más adulta, voluntaria, responsable y libre, el incumplimiento llevaría a una veloz exclusión financiera y comercial a todo orden, con daño profesional y social para las personas físicas que se nieguen a acordar, con más su probable extensión a familiares cercanos, sociedades conexas, fundaciones, clubes, consorcios y posibles testaferros.
Algo así como una muerte o exilio civil infame, corrosivo y económicamente paralizante; mucho peor que el actual Veraz. Hablamos de tender a un sistema absolutamente abierto, integrado en redes e informatizado que acabaría en poco tiempo por no dejar resquicios viables a la estafa.
La Justicia civil del futuro no-violento apuntaría así en forma preponderante (aunque no excluyente) al castigo por exclusión social (y aún física) de los indeseables.
En una sociedad de este tipo, fuertemente colaborativa por interés propio, hasta el más desaprensivo irresponsable caería en cuenta de que la honestidad con los demás es una necesidad… egoísta. Un argumento ya desarrollado in extenso, por otra parte, en el anticipatorio libro de Ayn Rand “La Virtud del Egoísmo”, de 1961.

Por fin, dado que el deudor irredento del ejemplo inició una agresión comprobada contra sus acreedores al persistir en negarles lo que les es propio, la compañía de seguros en asociación con una agencia de seguridad privada tendrá el derecho, agotado en el tiempo todo lo anterior, de hacer uso de fuerza proporcional en legítima defensa contra dicha agresión.
Dejaremos de lado de momento y por falta de espacio el desarrollo de los posibles métodos privados de castigo, detención y resarcimiento. Ya estudiados, por otra parte, por calificados pensadores libertarios.

Cabe apuntar que el ostracismo comercial funcionaría igualmente bien contra las compañías de seguros (y de seguridad) que se arriesgasen a ser deshonestas o excesivamente violentas, con los mismos argumentos aplicables vía mercado competitivo que los aplicados a las agencias de arbitraje y a los individuos de proceder incorrecto. Como así también asumir que, al no ser agentes de un Estado monopólico, carecerían de inmunidad legal por las consecuencias de sus acciones, debiendo enfrentar fulminantes demandas por mala praxis en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
En disputas menores o no contractuales y sin seguros, los litigantes deberían, llegado el caso, acordar por sí someterse al accionar de agencias de mediación y de seguros. Negarse a hacerlo implicaría para la parte reticente similares riesgos a los apuntados, tanto en lo comercial como en lo social.

El día en que una masa crítica de ciudadanos se atreva a desafiar lo “políticamente correcto” para llamar a las cosas por su nombre usando el más común de los sentidos, la Justicia, como tantas otras instituciones, comenzará a trabajar en serio en nuestro favor haciendo de esta una sociedad más segura para los honestos.


Nuestra Jaula Mental

Noviembre 2017

Hace siglos, el gran Adam Smith dijo refiriéndose al productor y comerciante emprendedor: “persiguiendo su propio interés, frecuentemente promueve el de la sociedad con más efectividad que cuando realmente pretende promoverlo”.
Por su parte y no hace mucho, dijo la joven y brillante intelectual ecuatoriana Gabriela Calderón de Burgos: “la idea de que una nación deje de ser pobre gracias a individuos que buscan lucrar, no gracias a una clase política todopoderosa que dice desear el bien para todos, resulta increíble para la gran mayoría. Pero si miramos los hechos dejando a un lado la carga emotiva, hay fuertes indicios de que precisamente eso es lo que nos cuenta la historia del desarrollo de la humanidad”.

Sabemos que el sector público no tiene la capacidad de solventar su propio costo. Y conocemos la teoría que dice que se justifica; y que sobrevive tomando una módica porción de las ganancias del sector privado a través de los impuestos, proveyendo valiosos servicios a cambio.
Sin embargo, cuando a través de este mecanismo las decisiones de inversión y los intereses de las personas colisionan con el supuesto interés general, lo que ocurre es la prevalencia del interés privado… de los que conforman el sector público. En especial el interés de la élite de ese poder, a saber: políticos, empresarios protegidos y sindicalistas.

Lo cierto es que la mayoritariamente atrasada sociedad argentina actual, minada de prejuicios aldeanos frente al progreso capitalista, sigue resistiéndose a las verdades económicas y culturales del siglo XXI.

Arrastrándose como mujer golpeada, nuestra ciudadanía escapó a duras penas en estos últimos 2 años de la sinvergüenzada mafiosa de los anteriores 72.
Y ahora intenta, con muletas, retornar a la República perdida, la de las libertades individuales, alejándose del electoralismo no republicano cuyo problema sistémico describió otro sabio, Benjamín Franklin, cuando dijo: “la democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a comer. ¡La libertad es un cordero bien armado rebatiendo el voto!”

La democracia republicana y -relativamente- liberal hacia donde nos conduce el actual gobierno del presidente Macri está bien orientada, pero sólo sirve como paso intermedio hacia el siguiente escalón evolutivo: el del Estado mínimo.

Llegar a este estadio podría tomarnos varios períodos presidenciales más, pero debemos asumir que sólo desde esa plataforma nos será posible volar hacia la verdadera liberación de nuestra dependencia; hacia la epopeya de la mejora social a gran escala usando todo el herramental científico y tecnológico de este siglo.
Podríamos entonces aplicar el potencial pleno de las reflexiones de Smith, Calderón y Franklin antes apuntadas.

Eventualmente, llegaremos a conformar esa masa crítica de ciudadanos que despierten a la comprensión cabal de que todo gobierno se sostiene (y todo Estado crece; y crece) privando a la gente de gastar o invertir en lo que desea.
Y que lo hace quitándole su dinero por la fuerza (impuestos) e impidiendo que contraten, comercien o vivan como elegirían racional y emotivamente hacerlo (regulaciones). Comprensión que tiene su núcleo en la aceptación plena de que los emprendimientos privados en competencia se sostienen, pagan salarios y crecen sin cargar sus costos a otros. Ofreciendo al pueblo, simplemente, lo que este desea. Y que si así no lo hacen deben quebrar.

La actividad privada generadora de productos y empleos reales tiende así a aumentar constantemente el bienestar de sus clientes (toda la sociedad), en tanto la actividad estatal tiende a disminuir sin cesar aquella disponibilidad de dinero (reinvertible o consumible) que generaría prosperidad y bienestar entre los propios.
Desde luego, los “valiosos servicios” que presta a cambio son, como todos sabemos, ineficientes, insuficientes y en extremo caros si tomamos en cuenta el costo real absoluto cargado sobre la totalidad de la población. Servicios que por sus deficiencias deben ser usualmente suplidos por los usuarios con la consecuente duplicación de pagos. Aún en la presente era Macri.
¿O acaso alguien está conforme con el desempeño de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestra Justicia, de nuestro sistema penitenciario, de nuestros sistemas de salud, educación pública o previsional, de nuestra infraestructura o de nuestra burocracia? ¿O aplaude nuestro sistema pobrista de subsidios de hambre a la inmensa legión de carenciados y ni-ni, generados a lo largo de décadas por el propio fiscalismo estatal?

Hasta tanto no se concrete una baja impositiva y regulatoria,
la receta para el empantanamiento seguirá sobre nuestra mesa, parasitando todo nuevo ímpetu creador de riqueza honesta a gran escala.

Los libertarios aborrecemos al Estado y todo lo que representa no por egoísmo antisocial ni por falta de empatía solidaria sino porque es en sí mismo fuente inagotable de corrupción y porque constituye el obstáculo financiero que impide, primero, la erradicación de la pobreza y después, el bienestar modelo siglo XXI del que toda nuestra sociedad podría gozar.
Cuanto más nos atrevamos a disminuir la carga impositiva y regulatoria, tanto más crecerá la actividad privada productiva, de servicios, de comercio, cultural, solidaria y recreativa. Porque menos Estado será siempre más sociedad. Y en el extremo, cero Estado sería máxima sociedad.

Por norma de sentido común, no debería existir compromiso o “justo medio” entre alimento y toxina.
No hay una dosis “buena” de parasitosis para el cuerpo como no hay un nivel “bueno” de socialismo para la actividad económica en el cuerpo social: siempre y a todo nivel será un freno a la actividad privada, la única que crea.

Por fuera de nuestra jaula mental nos espera entonces el “herramental científico y tecnológico de este siglo” para potenciar conceptos tan vanguardistas como economía colaborativa, eficiencia dinámica con función social empresarial, ecomodernismo, empoderamiento ciudadano, libertad responsable individual y una descentralización de decisiones a todo orden, apoyada en la diversidad.


Cuando Menos es Más

Octubre 2017

Durante un reciente viaje por Italia, recorriendo diversos pueblos y ciudades nos llamó la atención volver sobre la comprobación de cuántos de estos sitios, tan antiguos y encantadores, contaban con el hecho de haber sido en algún momento ciudades-Estado.
Y de que, de una mirada más detenida sobre sus respectivos derroteros, surgía como patrón común el que fueron precisamente esos períodos de independencia los que marcaron la menor cantidad de corruptelas e iniquidades junto al mayor auge económico y sentimiento de orgullo en libertad de sus poblaciones.

Fue la historia de ciudades como Florencia, Venecia, Milán, Bolonia o Perugia (con sus tierras circundantes), pero también la de asentamientos más pequeños como Asís, Pisa, Amalfi, San Geminiano, Arezzo o Verona entre otros.
San Geminiano, por caso, sigue siendo una pequeña ciudad en altura, fortificada y de estilo medieval, que vivió su apogeo durante los siglos XIII y XIV como ciudad libre y que halló su crecimiento en aquellos años especializándose en el cultivo y comercio del azafrán. A partir de allí, su riqueza y bienestar fueron también perdición ya que la cercana Florencia, más poderosa, terminó anexándola por la fuerza a sus dominios.

La prosperidad que conlleva la independencia de un gran Estado burocrático, lejano, siempre propenso a un mayor tributarismo e indolencia es algo que se replica en ciudades o mini-Estados autónomos actuales, tales como Mónaco, Singapur, Liechtenstein, Barbados, Andorra, Granada, Malta o San Marino. Naciones, algunas, que se cuentan entre las de más alto PBI per cápita del mundo a pesar de no poseer, prácticamente, recursos naturales. Entre otras ciudades autónomas no tan independientes pero más libres, estimulantes y ricas que el resto de sus respectivos países como en los casos de Macao, Shenzhen o Hong Kong en China.

Resulta sintomático, por otra parte, que la intelligentsia occidental haya perdido de vista el dato fundante de que la Grecia clásica, paradigma de civilización democrática y vanguardia de la mejor tradición de evolución humana en su momento… nunca fue un país. Mucho menos un Estado-nación equiparable de algún modo a los pesados ingenios político-territoriales que soportamos hoy.
Lo que conocemos por “Grecia” en su período de mayor gloria, libertad intelectual y riqueza no era sino una constelación de ciudades-Estado independientes (en eventual interacción) tal como las italianas durante el medioevo y el renacimiento. Sólo unidas por un idioma, algunas creencias religiosas y un cierto origen étnico-geográfico.

El actual gigantismo de la mayoría de los Estados con sus aberrantes cuotas de impositivismo y abusos de poder, con más el caos de los desacuerdos políticos expresados con furia en las calles tanto como sufridos silenciosamente en las periferias, contrasta con el orden, la baja imposición y el bienestar de pequeños enclaves… de escala más humana.

La estrategia libertaria de desarrollo generalizado, libertad y no-violencia (utopía por ahora) es hoy más que nada un retorno conceptual, recargado y tecnologizado, a sistemas exitosos probados tanto en el pasado como en la actualidad.

También fue y es posible, desde luego, la existencia de un gran país exitoso sin Estado, como lo demostró durante casi mil años una entidad tan grande como la isla de Irlanda entre los siglos VII y XVII, posiblemente la sociedad más avanzada de su tiempo, regida sin inconvenientes por cortes y leyes libertarias funcionando dentro de una sociedad sin gobierno (sin rastros de justicia monopólica ni de coacción estatal), hasta su brutal anexión por parte de la vecina Inglaterra. Un largo episodio histórico de convivencia civil y progreso sin tutelajes parásitos, convenientemente “olvidado” por los historiadores oficiales.

Que mayorías electorales clientelizadas durante muchas décadas prefieran hoy cierta idea difusa de seguridad por sobre el más arriesgado concepto libertad, no es novedad. Es la respuesta esperable al infantilismo social cultivado sin pausa por todos los programas oficiales de educación.
Preferir la “regulocracia” fiscalista de un Estado-mamá al más adulto emprendedorismo capitalista de un sistema de libertades es, en este marco, entendible. Sobre todo, cuando el contexto incluye en nuestro país un desesperante porcentaje de pobreza -ya estructural- generada y nutrida por el propio fiscalismo que dice combatirla.

El aún vigente triunfo maradoniano de la sinvergüenzada empobrecedora es algo sumamente notable a nivel nacional, si bien resulta algo menos notable a escala provincial y baja otro punto de notabilidad cuando la observamos a nivel municipal.
Una secuencia delincuencial descendente que apoya su lógica en la de las relaciones interpersonales: a niveles locales y cuanto más pequeña sea la comunidad, la gente se conoce más. Existen lazos familiares, de amistad, barriales y comerciales tangibles, cotidianos e incluso históricos entre individuos, que potencian el reconocimiento social para aquellas personas con real vocación de servicio público desinteresado y solidario, tanto como refuerzan el antiguo (y eficaz) freno de condena social a toda incorrección, a través de diversos niveles de ostracismo.
El combo todavía vigente de avales intra-estatales al robo, a la insolencia de los peores y a la estafa desciende otro nivel hacia su mínimo cuando nos centramos en las relaciones y acuerdos personales. Libres; voluntarios y privados; laborales, de servicios o de negocios.

Si dejamos que algo de cierta civilizada evolución siga su curso natural, será el mercado (o sea todos) reemplazando de a poco a la regulación mafiosa lo que hará la diferencia.

El norte debe estar, entonces, en el aval legislativo y el fomento ejecutivo de comunidades descentralizadas con más y más independencia a todo nivel, sin tantos límites a la libertad contractual individual y de unión en eventuales redes de acuerdos intercomunitarios.
Des-demonizando incluso a la tan temida palabra secesión. Entendiendo a y simpatizando con catalanes, kurdos, escoceses, chechenos y tantas otras gentes en busca de autodeterminación; de una escala más humana, menos corrupta para la resolución de sus problemas y para el logro de sus sueños de mayor progreso en libertad.
Para ejercer, en suma, el siempre vetado derecho a la búsqueda de la felicidad.





Hampa o Cuestionamiento Social

Septiembre 2017


Resulta obvio que más allá de reaseguros constitucionales que fallan con cronométrica regularidad, el Estado es una maquinaria extremadamente peligrosa.
Para empezar, por estar su gestión en manos de seres humanos (y no de ángeles), susceptibles a todas las concupiscencias y defectos que ello implica.
Y en segundo lugar porque de la “competencia” que se da por las candidaturas políticas no surgen los mejores (los más cercanos a ángeles) sino todo lo contrario.
O bien, como en el raro caso actual, políticos mejor intencionados pero que seguirán conduciéndonos hacia el Gran Hermano de un sistema paternalista (llámese desarrollista, neoliberal, conservador, etc.): controlador, invasivo en lo fiscal-regulatorio, castrador en lo económico, omnipresente y a todo efecto obligatorio además de costoso e ineficiente… en comparación con el potencial de sistemas donde imperen mayor libertad y respeto por los derechos individuales (vale decir por la creatividad, el emprendedorismo y el progreso familiar sin ataduras ni complejos).

Esta perogrullada (la del peligro y el lastre que representa un Estado) que todos conocemos pero que pocos adultos asumen en la profundidad necesaria, es algo que puede comprobarse a lo largo de los últimos 8000 años de Historia. Desde los sanguinarios tiranos de la antigüedad, pasando por monarquías y dictaduras de toda clase hasta la imposición, poco más de dos siglos ha, de los Estados-nación y de los regímenes democráticos de fiscalismo compulsivo que hoy tenemos por normales.

Y con respecto al sistema democrático (que no es lo mismo que republicano), supuestamente “el peor de los sistemas exceptuando a todos los demás” (frase desactualizada, por otra parte, ya que la tecnología sí nos permite hoy la posibilidad de sistemas mejores. En bienestar, en no violencia y en gobernanza eficiente), vienen a nuestra mente los hechos verificados en su cuna, Atenas, Grecia, alrededor del año 353 antes de Cristo.
En ese entonces, la novedosa aplicación democrática que permitiera abrir nuevas rutas y tácticas comerciales creó una gran riqueza para un número creciente de personas, aunque otras quedaran rezagadas en este ítem.
Disparidad de “velocidades de avance” que llevó finalmente a generar una grieta entre envidiosos y envidiados. Y a que una cierta mayoría de ciudadanos más pobres tomara el control de las instituciones democráticas dando rienda a su inventiva… en aumento de impuestos, reglamentarismo dirigista, persecuciones fiscales, embargo de bienes, ejecuciones y redistribución de la riqueza.
El método no funcionó (la economía dejó de generar oportunidades y de sacar gente de la pobreza) y no sólo los que eran pobres siguieron siéndolo, sino que nuevos pobres se les agregaron haciendo crecer de esta manera la grieta y con ella el bando de los envidiosos.
Los atenienses pudientes que quedaron tuvieron que concentrar sus esfuerzos en improductivas protecciones contra las confiscaciones de la propia Atenas.
En esa circunstancia de división y furias, la ciudad otrora solvente e independiente fue invadida y sojuzgada por Filipo II de Macedonia, quien terminó siendo recibido como un liberador.

Veintitrés siglos más tarde todavía estamos viendo repeticiones “a estreno mundial” de la misma película, levemente aggiornada en cuanto a escenarios y actores.

En nuestro 2017 la gente se acostumbró a que el gobierno controle, reglamente y grave cualquier transacción de bienes o servicios que ocurra en la sociedad, en la misma forma en que antes lo hacía la Iglesia con las expresiones y comportamientos privados de las personas.
Si bien hemos logrado la separación de Iglesia y Estado, el desafío de separar cosas tales como Economía y Estado para poder avanzar, sigue siendo el mismo.
Recordemos que la democracia llegó a ser popular porque prometió menos impuestos y más libertad de la que existía bajo la monarquía. Y que no pudo cumplir su promesa debido, entre otras cosas, al temprano abandono de sus componentes republicanos y libertarios.
Aun así, mucha gente piensa que la sociedad no podría funcionar con poco o ningún Estado democrático detentando el monopolio de la fuerza. ¡Al fin y al cabo, todos los países civilizados son democracias!
Sin embargo, podría recordárseles que en los siglos XVII y XVIII mucha gente también pensaba que la democracia no podría funcionar, y que un sistema así se desintegraría en el caos en cuestión de meses. ¡Al fin y al cabo, todos los países civilizados eran monarquías!
Ahora todo es democracia intervencionista, pero… señores, señoras, la noche está en pañales.

Una sociedad libre, voluntaria, de baja o nula imposición es aquella en la que el gobierno reduce al máximo su interferencia en la acumulación de ahorro y capital de producción, generando subas en la tasa de capitalización.
Círculo virtuoso que podría evolucionar en forma ilimitada, creando el mejor ámbito posible para las inversiones, el empleo, el auge económico y en definitiva para las posibilidades reales de elección de la gente, en toda área imaginable de la acción humana.
Tendríamos en Argentina a 45 millones de mentes trabajando para solventar los -muy complejos- conflictos y oportunidades diarias, votando con su poder de compra (o de negativa a la compra/contratación) por la mejor solución para cada uno en coordinación con los demás, en cada caso, necesidad y circunstancia.
Bajo el Estado coactivo, en cambio, tenemos a unas pocas personas intentando resolver los problemas de todos, y todos somos obligados a punta de pistola a aceptar las soluciones de quien gobierna.

Hoy sabemos que el derecho humano de la mayoría a un bienestar real modelo siglo XXI (que, está demostrado desde los tiempos de Jefferson y Alberdi, depende en más o en menos de la mayor o menor vigencia de los derechos individuales) no cuenta, en la práctica, para el rígido sistema de Estados-nación soberanos.
Aunque todos intuyan que los derechos humanos -en primer lugar el de propiedad, cimiento y soporte de todos los demás- estén antes que cualquier “soberanía nacional”. Y que la identidad individual sea mucho más real que la identidad nacional e incluso que la religiosa.
Comentarios precedentes, todos, que en nuestra modesta opinión deberían ser desarrollados por los educadores de nuestra sociedad en tanto ejemplo de valores fundantes que eviten la “deriva cubana” que hoy nos frena.
En tanto ejemplo del derecho de nuestro pueblo a cuestionar todo y a exigir la potestad libertaria de decidir en serio sobre sus vidas, relaciones y producidos, sin parar mientes en tabúes decimonónicos. Mucho menos en miopes envidias de tiempos helénicos.

El proceso seguido por la muy bolivariana “república” de Venezuela constituye un ejemplo de la clase de tobogán hacia la dictadura socialista que muchos (demasiados) millones de argentinos parecen desear todavía para nuestra patria.
Visible en nuestras pantallas casi en tiempo real, dejó ilustrado de qué manera el hampa, encaramada al Estado y al comando del monopolio de la fuerza, es capaz de tomar de los pelos a toda una sociedad para conducirla a puntapiés hacia el matadero totalitario.
Para los venezolanos bastaron un par de micos -montados sobre un barril de petróleo estatizado- durante 18 años, blandiendo frente a la intelligentsia local la navaja del poder militar-narco-mafioso. Clientelizando con migajas y relatos infantiles al resto de la población compuesta, como es usual en nuestros populismos, por ignorantes e idiotas útiles.
Un proceso eficaz que enriqueció a ambos, a sus familiares y cómplices hasta niveles de vértigo.
En el caso argentino, afortunadamente, no bastaron 12 años de barbarie para que nuestra propia pareja de usureros hipercorruptos -montados en este caso sobre un silobolsa de soja robada- afianzaran la caída nacional.
Aunque de haber ganado el peronismo las presidenciales 2015 (cosa de la que estuvo muy cerca), el tobogán hacia el despeñadero cubano se hubiera consolidado con fuerza.









Alejándonos del Averno

Agosto 2017

Se sabe, en nuestro país al menos, que cerca del 80 % de las personas están poco o mal informadas sobre los temas de la política nacional (gobernanza, sustentabilidad financiera, seguridad jurídica, relaciones internacionales, fiscalidad, realidad parlamentaria etc.) y que tampoco tienen interés en saber ni entender más sobre estos asuntos.
Muchos, demasiados, consideran una pérdida de tiempo dedicar esfuerzo mental y práctico a asuntos que, piensan, no podrán modificar; tiempo ya de por sí escaso en orden a sus intereses principales: la supervivencia diaria, el eventual progreso económico familiar y los tiempos de ocio. 
Delegan esta tarea en la corporación política, eligiendo cada tanto de entre los postulantes a quienes mejor parezcan encarnar sus anhelos. Incluso si algunos de estos anhelos se contraponen al bien común honestamente entendido.

Los decepcionantes resultados prácticos de tal procedimiento, ya sea porque los elegidos no ganan o porque aún ganando no cumplen sus expectativas, llevó a ese mismo 80 % a un escepticismo político cuasi crónico. A desconfiar de las instituciones, autoridades y leyes regulatorias que sus supuestos representantes pergeñaron e impusieron, en una acumulación de matriz sedimentaria.
Incluyendo en el descrédito a ítems tan básicos como la Justicia, la limpieza del acto eleccionario o el manejo de los dineros obtenidos de impuestos, deuda y emisión.

Los expertos concluyen que nuestro ciudadano promedio es apático para lo público. Que está desinformado y que sus elecciones políticas no están gobernadas por su racionalidad sino mayormente por sus sentimientos: en general deseos difusos, odios, miedos, ansiedades y emociones primarias.
Además, hoy, tenemos más de un tercio consolidado de electores a quienes no les importa la moralidad de sus candidatos, la sustentabilidad fiscal del país ni la suerte de sus nietos sino sus perspectivas de consumo inmediato.
Una situación bien definida por el periodista J. Morales Solá cuando dijo que, para millones de argentinos hundidos en la sordidez de los conurbanos, la ética funciona sólo entre quienes tienen aseguradas dos comidas calientes al día.
Caldo de cultivo clientelista en estado puro, claro está, para una estrategia populista “de manual”.
Resulta también concluyente que la gente percibe a las ideologías tradicionales como anquilosadas. Que perdió el respeto y desmitificó a las autoridades. Y que ve con claridad la epidemia de corrupción gubernamental que la rodea.

Gente, sin embargo, que a fuerza de desilusiones y carencias empieza a darse cuenta de algunas cosas simples, como que la corrupción empobrece y mata. Como que un empresario no podría corromperse comprando favores a un burócrata que no tuviese favores que vender.
Y de que una libertad (de comercio y en todo sentido) en justa competencia, fomentaría la baja de precios y la eficiencia productiva con más y mejores salarios sustentables… en tanto el proteccionismo que nos rige sólo ha fomentado el privilegio, el statu quo y la creatividad para la coima.

Hablamos de una opinión pública cuyo poder se va horizontalizando y anarquizando (en el mejor sentido) al ritmo de la revolución informática, a pesar de la pauperización e infra-educación inducidas por el estatismo.
Una cuya militancia declina y donde los oradores son cada vez menos escuchados, sin que importe la dimensión de sus aparatos partidarios ni la historia de sus instituciones, supuestamente representativas.
En verdad, la gente común no cree que el presidente, el parlamento o la corte la represente. Ni que le responda.
Cree más en lo que podría obtener de un buen empleo y del mercado libre que de la política y sus flacas limosnas, cada día más envenenadas.
Como el ecosistema terráqueo mismo, nuestra sociedad conforma una diversidad tumultuosa y compleja. Contradictoria, si. Pero llena de vida; en constante evolución y reacomodamiento.

Hecho este análisis básico, fáctico, cabe preguntarnos si nuestra dirigencia estará esta vez a la altura del desafío adelantándose a los hechos para guiar al pueblo por la cornisa correcta o si, una vez más, optará por correr detrás de un carro que se desbarranca.

Porque coincidiendo con este tránsito generacional hacia lo personal-familiar, los pronósticos electorales prevén para Octubre otro leve retroceso de la irracionalidad. Un acotamiento numérico de la barbarie emocional de masas que desde hace más de siete décadas empuja a nuestra Argentina hacia el averno.
Cabe preguntarnos, decíamos, si percatándose del sentido en el que fluye la corriente subterránea de la Historia, un gobierno y una oposición renovados decidirán cambiar el objeto de nuestro creciente endeudamiento.
Haciendo virar el mismo desde la posición de eterno bombero de un déficit público insujetable a la posición de sustituto de una muy fuerte rebaja de impuestos y regulaciones (laborales incluidas) que permita la transición ordenada (y rápida) hacia una economía sana, sustentable, basada en inversiones inteligentes.
Con feroces aportes privados de capital de riesgo, management, capacitación, reconversión laboral y tecnologías modelo siglo XXI. 

Sería un primer paso por la cornisa correcta. Anticipándonos, como a fines del siglo XIX, a las sociedades “centrales”.

En aquel entonces recibíamos a sus emigrantes emprendedores, hartos de costosos Estados omnipresentes que abortaban su movilidad social a través de impuestos vampirizantes y regulaciones dirigistas.
Hoy recibiríamos a sus capitalistas, hartos de costosos Estados omnipresentes que abortan su creatividad empresarial a través de impuestos vampirizantes y regulaciones dirigistas.