Creadores


Mayo 2018

Argentina necesita emprendedores. Creadores de miles de pequeñas empresas, que un día se transformen en grandes. Necesita fundadores de sociedades y compañías; de cooperativas y emprendimientos que prosperen, que generen nuevo trabajo y riqueza.
Hoy, de cada mil que emprenden ese sueño, sin dinero pero ricos en ideas y entusiasmo, cien lo harán realidad si consiguen el capital. De entre ellos, diez superarán la barrera del tiempo a fuerza de tenacidad, ingenio y sacrificio. Aún así, sólo uno de esos diez logrará hacer de su empresa algo perdurable. Tener éxito y crecer.

El modelo educativo y económico que las mayorías argentinas votaron durante las tres últimas generaciones (regulador, fiscalista y en tanto tal, corrupto) conspiró con éxito contra cualquier estímulo empresario honesto.
Lo hizo, combatiendo al capital. Hombro con hombro, contra cada uno de esos mil egoístas del ejemplo dispuestos a competir pensando en ellos y en los suyos.
Las presiones impositivas y regulatorias (empezando por las laborales) aplicadas por el Estado fueron y siguen siendo inversamente proporcionales a la tasa de aparición y éxito de tales emprendedores.

Pero es inútil llorar sobre la leche derramada. Lamentar la imposibilidad de que argentinos con el talento de Bill Gates o Steve Jobs (que seguramente los hubo y los hay) hubiesen podido iniciarse y progresar aquí, creando empresas multinacionales, cientos de miles de empleos directos e indirectos e inversiones multiplicadoras sin par.
Porque nunca sabremos a cuántos de esos individuos sobresalientes, nuestros buenos votantes asfixiaron en su cuna con la almohada populista.

Una responsabilidad particular en nuestra decadencia abortadora de creadores exitosos la tiene la progresividad impositiva. Una política cuyo único soporte estriba en la preferencia social-estatista por una comunidad más pobre, siempre que no haya grandes diferencias entre los deciles extremos. Y su opción por este modelo pobrista o de “resentimiento activo” por sobre el que posibilita una elevación general, aún con mayores diferencias entre individuos (aunque su riqueza sea honesta), como podría ser con potenciales Bill Gates o Steve Jobs nativos.

Tanto la buena teoría como la experiencia empírica han demostrado que la progresividad tributaria propende a que tanto la propiedad como los medios de producción se concentren en menos manos, configurando en la práctica una política ultraconservadora. Reaccionaria.
Práctica impositiva que fue, de hecho, la sentencia de muerte y el tiro de gracia a la masiva capitalización pequeño burguesa argentina que no fue.
De por sí, es sabido que impuestos altos propician la concentración patrimonial y perjudican a la clase media, que necesita de una buena distribución de la propiedad privada para expandirse.
Para peor, la concentración patrimonial populista o de “capitalismo de amigos” tan bien conocida por el pleno de la centroizquierda local, se parte y reparte mayormente entre “empresarios” cortesanos, sindicalistas, funcionarios estatales corruptos, sus familiares y cómplices.

Una espiral centrípeta tan viciosa como diabólica que acaba tragándose a hijos y entenados y que genera otro dilema criollo: el problema de la eficiencia social en lo que respecta al tándem impuestos y servicios. Donde más que lo coactivo versus lo contractual visibiliza la dicotomía de fondo, que es la de monopolio versus competencia, sea esta pública o privada.
Y dado que la competencia dentro del ámbito público no pasa de ser una bella entelequia, es la actividad creativa privada, la nueva, la disruptiva, la que debe dar batalla al siempre maligno monopolio, sea público o privado.
Y no hay casi excepciones ni límites antojadizos a actividades que una sana competencia no pueda beneficiar en modos impensados.
Sin verdadera subsidiariedad y competencia en la provisión de bienes y servicios (incluidas áreas restringidas plagadas de tabúes decimonónicos como justicia, seguridad, previsión, educación, salud, ayuda social, infraestructura o administración), serán siempre los pobres quienes pierdan.

Sin verdadera competencia en el marco de integraciones inteligentes, la generación local de empleos será siempre precaria, raquítica y de bajo nivel salarial comparativo.  Vulnerable a cualquier contingencia económica global.
Profundicemos, pues, en la actual baja del gasto público improductivo, la seguridad jurídica y la poda impositiva y regulatoria en tanto sendero más corto para que decenas de miles de emprendedores encuentren en la Argentina terreno más que fértil para hacernos más ricos a todos.
¡Sin importar qué tanto se enriquezcan ellos!

Tributos y Decadencia


Mayo 2018

¿Sabemos cuánto nos quitan por impuestos?
En Argentina, entre impuestos explícitos y ocultos, aproximadamente el 55 % de lo que ganamos.
Pasamos más de la mitad de cada año trabajando no para nuestras familias ni para proyectos de progreso personal sino para el fisco.
¿Pensamos alguna vez en todo lo que podríamos hacer con ese dinero? ¿Qué servicios y bienes podríamos comprar en el mercado? ¿Qué inversiones, viajes, artes, cooperaciones y ayudas podríamos implementar?
A los siervos de la gleba, verdaderos esclavos medievales atados a sus deudas y labores de por vida, se les quitaba el 50 %.

En 1873, Estados Unidos abolió su Impuesto sobre la Renta. Salvo una excepción en 1894, esta política se mantuvo durante casi 40 años.
Casualmente, o no tanto, ese fue el período en que surgieron como la economía más grande y poderosa del mundo.
Por aquella época, nuestra Argentina también tuvo una política de muy bajos impuestos y escasas regulaciones.
Todos sabemos, también, lo que pasó mientras esto se sostuvo. Nuestro país creció de manera exponencial, superando incluso el gran ritmo norteamericano, lo que dio pábulo a la presunción general de que íbamos camino de convertirnos en superpotencia.
En contraste hoy, ya sea que nos demos cuenta o no, que nos hayamos registrado impositivamente o no, estamos colgados como reses del gancho estatal y somos más pobres. Y, además, garantes de la inmensa deuda del Estado nacional como también lo son nuestros hijos y nietos.
¿Acaso tales hechos nos dicen algo sobre impositivismo, progresividad, solidaridad forzada por tributación redistributiva y otros temas obsesivo-compulsivos de nuestra izquierda?

Por fortuna es cada día mayor el número de quienes se dan cuenta de que los impuestos, cualesquiera sean sus alícuotas, motivaciones y disfraces, son la principal causa de la decadencia moral y económica de nuestra sociedad.
En lo moral, para empezar, por haber violado en forma alevosa el precepto constitucional que dice que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas (hace más de 70 años que eso no ocurre).

Sucesivos gobiernos han acorralado progresivamente a los contribuyentes anulando lo mejor de la energía creativa argentina. Al tiempo que acostumbraron a la gente a esperarlo todo del Estado, disminuyendo su sentido de la responsabilidad y destruyendo el tejido ético y económico forjado desde la laboriosidad inmigrante de siglos pasados.

Por fin, el eslogan de que quien más tiene, en más proporción debe tributar para financiar un gasto social que modere el desaguisado anterior, cae bajo su propio peso demagógico.
El peso de neo-demagogos “garantistas-piqueteristas” que sostienen que procurar igualdad de oportunidades a quienes ingresan al mercado laboral no es más que una trampa capitalista ya que lo que importa es la igualdad de resultados, no de oportunidades. Y esto sólo lo logra la redistribución forzosa de toda renta a través de impuestos progresivos (el sistema actual), igualando a la creativa con la opa, al holgazán con el trabajador, a la ignorante con la estudiosa, al criminal con el honrado y a la ahorrativa con la despilfarradora.

Mas el conglomerado antiliberal no ha asumido aún que cuanto mayor es el gasto público menor es el efecto de la progresividad tributaria y peor la distribución de la renta en la sociedad. La idea de que el Estado es capaz de mejorar su distribución cobrando impuestos más elevados a quienes más producen o tienen para mantener o aumentar los subsidios sociales, es falsa. Puede resultar grata a oídos de frustrados, resentidas y envidiosos, pero no se sostiene en la teoría ni se verifica en la realidad.
Esto es así porque además de deprimir inversiones, atracción de cerebros, innovación, generación de empleo y productividad, los sectores de ingresos altos no tienen (ni pueden crear) el volumen financiero suficiente para cubrir un nivel de gasto público como el que tenemos. Obligando al gobierno a cubrir la farsa con mayores cargas impositivas al consumo y al trabajo, que recaen sobre los sectores de ingresos medios y bajos, provocando el empobrecimiento gradual del conjunto y su corolario: el agigantamiento de la tan odiada brecha entre ricos y pobres.

Lo brutalmente cierto es que el nivel impositivo que mal-soporta nuestra economía anula cualquier intento político de inclusión social. Y que en verdad frena el progreso social de las mayorías bloqueando todo esfuerzo honesto de superación.
En todo caso, si existiese posibilidad de redistribuir algo “de manera virtuosa” esta se hallaría en la misma medida en la que el gasto público se fuese reduciendo. Y los impuestos con él.

En otro orden de cosas y con el fin de mejorar las situaciones de inequidad causadas por las irresponsabilidades populistas, debemos considerar el problema de que los poderes conferidos al gobierno por nuestra legislación penal tributaria son incompatibles con una sociedad libre. Y asumir que los ciudadanos que dependen del Estado no son libres.
Y que en la misma medida en que cada uno trata de protegerse de las exacciones, cae el impulso empático de cooperación voluntaria, condición básica, a su vez, del orden comunitario. Cede entonces este su lugar al conflicto social que tan bien conocemos, en el marco de un asistencialismo creciente que dispara a su turno la inmovilidad sociocultural, confirmando nuestra lamentable involución hacia los parámetros esclavistas de la gleba.

Producto todo -mal que les pese a referentes religiosos y políticos, tan proclives al voluntarismo mágico en temas económicos- de esa misma economía fiscalista con baja tasa de capitalización y, por tanto, escasa productividad.

Sin duda el camino evolutivo hacia una sociedad de propietarios, rica, culta, generosa y pacífica (libertaria) será largo y tortuoso.
En esa línea conceptual, tener claro que nuestro norte de mediano plazo incluye un cuestionamiento frontal a cualquier tipo de exacción impuesta, no contractual, sería un gran paso en la dirección correcta.



Acerca de la Gestión


Abril 2018

Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo donde se describen las tentaciones del Demonio a Jesús (4:5-8) “...Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás…”.
Debería quedar claro para cualquier cristiano, entonces, que los reinos de la tierra (hoy diríamos, los Estados-nación) son básicamente entes de incumbencia satánica ya que, siguiendo al evangelista, a Satán les fueron entregados desde su génesis.

Por otra parte, poco cuesta a cualquier persona, cristiana o no, dar crédito a esta antigua afirmación de tanto peso simbólico siendo que las pruebas acumuladas a lo largo de la historia posicionan sin sombra de duda a los Estados como entes en general corruptos y violentos, culpables en primer grado de prácticamente todas las calamidades sociales conocidas.
O cuanto menos responsables de la monstruosidad de la escala en la que tales actos fueron cometidos (guerras, persecuciones, genocidios, enriquecimientos ilícitos, hambrunas, confiscaciones, negociados mafiosos, abusos de poder, discriminaciones económicas, étnicas o ideológicas, empobrecimientos forzados por ley y toda clase de negatividades… verdaderamente demoníacas), impensables a nivel privado por más malvado que pudiera suponerse al eventual ejecutor, ya que por definición (y a diferencia de los funcionarios de gobierno) este debe hacerse civil y patrimonialmente responsable de sus actos.

Tampoco cuesta dar crédito al origen estatal de tantos desaguisados desde la perspectiva del sentido común. Que nos dice que poco de ético, moral y eficiente puede esperarse de un sistema que, para funcionar, necesita -sine qua non- de una pistola apuntando a todos por la espalda (el cobro de impuestos, jamás voluntario).
Todo muy poco inteligente, por cierto. Forzado, lento, engorroso, costoso, antinatural y peligroso por donde se lo mire.
Poco evolucionado hasta en lo utilitario, por su conocida tendencia a entorpecer la generación de riqueza y bienestar generales.
No hay duda de que el Estado casi siempre estorba. Complica. Irrita. Violenta. Demora o frena.
Ni es impropio pensar que a mediano y largo plazo daña mucho más de lo que arregla; como bien dijo Ronald Reagan (1911 – 2004) siendo presidente de los Estados Unidos, “las diez palabras más peligrosas del idioma inglés son… hola, soy del Estado y he venido aquí para ayudar”.

En medio de nuestras grietas culturales e ideológicas, de nuestras volatilidades, escepticismos, furias y resignaciones, los argentinos podríamos fijarnos un poco en la pequeña Suiza; a más de su belleza, tal vez el país más seguro y estable del mundo.
Sociedad de índices de bonanza asombrosos y refugio de exiliados fiscales desde hace siglos, los suizos no lograron todo eso con un gran Estado guiando pomposamente su destino. Más bien podría decirse que llegaron a la cima a pesar de sus estructuras gubernamentales.

En verdad, su banco central es minúsculo con relación al poder de su moneda y pocos ciudadanos conocen el nombre del presidente del país ya que el Estado es un ente casi inexistente.
No es que no tengan gobierno; lo que no tienen es un gran gobierno central. Están organizados en pequeñas entidades territoriales (cantones) que funcionan como mini Estados prácticamente soberanos; sólo unidos a través de una confederación. Las decisiones se toman en asambleas zonales y fluyen de abajo hacia arriba siendo que la mayoría de las cuestiones se reducen a saldar “aburridas” grietas referidas a cuestiones pueblerinas. Prácticas sin embargo para solucionar los problemas e inquietudes familiares de la gente de a pie. Mal no les ha ido.
¿No será este un mejor acercamiento político a la palabra “gestión”?

Cualquier argentino consideraría locura gestionar nuestra conflictiva sociedad y sus lamentables índices de bienestar dejando su destino en manos de grupos de pequeños municipios abandonados a su suerte.
Le parecería mejor tener un gran Estado omnisciente y solidario coordinándolo todo, redistribuyéndolo todo y orientando sin fisuras el rumbo nacional. Así nos va.

El verdadero salto argentino se dará sólo cuando la mayoría (sobre todo la mayoría intelectual) asuma conceptualmente que no es posible manejar en forma eficiente el devenir socio económico general desde la cúspide de un planeamiento centralizado hacia abajo, por la enorme variedad y cantidad de motivaciones individuales que interaccionan, muchas veces en forma aleatoria y subjetiva.
La experiencia empírica nos enseña que los grandes Estados-nación nunca pudieron adelantarse (sin generar calamidades colaterales) a los deseos, desacuerdos, necesidades, cambios, temores, crisis ni revueltas… previéndolas.
Ni siquiera pueden prever las cotizaciones diarias de la bolsa, por más sofisticada y cientificista que sean su gestión estadística y el manejo de su gestión de riesgos.
Ese control minucioso puede hacerse a balance positivo, tal vez, en ciencias duras como física cuántica, genética molecular, ingeniería mecánica o astronomía, pero no en ámbitos sociales, económicos ni culturales.

Comencemos entonces por tener la honradez intelectual (y la valentía) como para establecer con claridad nuestro mejor Norte social de largo plazo.
Aunque el camino parezca interminable (y tal vez lo sea), el “postulado de la tendencia” indica que, con sólo ponerse en marcha con proa al buen destino, las contingencias tenderán fatalmente a alinearse desde el primer kilómetro… con una gestión acorde, en nuestro beneficio.
Y eso ya es mucho.






Asimetría Laboral y Mérito


Marzo 2018

Es notable lo difícil que resulta, aún para personas cultas e inteligentes, desprenderse de prejuicios políticos y preconceptos juveniles; lo intimidante que les es dejar de mirar fijamente el primer árbol para empezar a ver el bosque que se extiende por detrás… y más allá.

A fines del año 2001, cuando la Argentina se debatía en una de sus tantas crisis populistas al borde de la cesación de pagos, mientras A. Rodríguez Saa asumía la presidencia, cierto periodista radial se preguntó al aire ¿acaso hay vida más allá del default?
Parafraseándolo, tal vez deban -algunos adelantados al menos- empezar a preguntarse ¿hay vida más allá de la democracia liberal, tal como la conocemos?

Desde que a partir de mediados del siglo XVIII Adam Smith popularizó la teoría económica del laissez faire, laissez passer (dejen hacer, dejen pasar), el capitalismo quedó entendido como el modo de liberar el potencial creativo humano mediante sistemas donde el gobierno se abstuviera de imponer restricciones que lo obstaculizaran.
Los resultados prácticos de esta liberación económica en su espejo político, el liberalismo, están a la vista.
A partir de ella, cientos (hoy miles) de millones salieron de la desesperanza: de la esclavitud que representaban la miseria y la inmovilidad social. Un modus operandi que veníamos arrastrando desde el fondo de la historia y que hacía que inmensas masas de “desheredados” viviesen, aún en 1750 (a pesar de su sumisión política y religiosa), en condiciones muy similares a las de los tiempos de Jesucristo.

Hoy en día, las sociedades que tienen la inteligencia social de brindarse las instituciones más respetuosas de las decisiones personales tanto en lo económico como en lo cívico son las más ricas del planeta; las que cuentan entre sus afortunados ciudadanos al mayor número de millonarios per cápita (en Singapur, por caso, uno de cada seis ya tiene más de 1 millón de dólares). Y donde es más gratificante trabajar, ahorrar y aún vivir con el bienestar de un entorno tecnológico de avanzada.
Aunque no se trate de una meta excluyente, la riqueza social generalizada no es algo difícil de alcanzar: es directamente proporcional al grado de libertades económicas y cívicas que cada sociedad se permita a sí misma. La barrera que lo impide no es física; es sólo una restricción autoimpuesta, de índole mental.
En dicha escala, el grado teórico máximo alcanzable (hoy inexistente) de libertades personales, seguridad, derechos, respetos, tecnologías avanzadas y riqueza social se daría en un sistema con 0 % de imposición estadual (violencia obstaculizadora “legal”) y 100 % de sociedad organizada según parámetros contractuales voluntariamente asumidos. Vale decir, en un entorno superador de la actual democracia liberal; en un entorno libertario.

En la democracia liberal de hoy, que es el mejor exponente de nuestra capacidad para lograr el máximo bienestar sustentable posible para el mayor número, las corporaciones estatal y sindical, ubicadas del lado de los asalariados, contrapesan los posibles abusos de la corporación empleadora privada.
Para sostener en el tiempo este supuesto corporativo, legitiman ante mayorías adoctrinadas en el igualitarismo la dosificación de un capitalismo desigualador (aunque ciertamente creador de riqueza), maniatándolo.

Sin embargo, y aunque dejemos de lado para gobernantes y sindicalistas los graves problemas (también desigualadores) de corrupción y abusos inherentes al sistema, este “ponerse del lado de los débiles” es en sí un supuesto falso.
Quienes logran ver el bosque, y más allá, captan la trampa de un modelo donde el maniatado impositivo y regulatorio aplicado por estas dos corporaciones ralentiza y detiene el flujo capitalista que posibilitaría el surgimiento de una competencia de mercado tan libre y fuerte como para autorregular cualquier posible conato de abuso por parte de la corporación patronal (en la retribución a sus empleados, pero también en la calidad, cantidad y precio de sus productos).
Existe en la actualidad una clara asimetría entre partes cuya culpa es atribuible al Estado y a los sindicatos: los débiles son los grandes perdedores al ser obligados a reducir su velocidad de avance hacia el fin de la esclavitud por inmovilidad sociocultural donde los retiene la pobreza de su sistema fiscalista, cerrado y clientelar. Mientras que en el modelo contrario los perdedores serían, para empezar, los malos empleadores protegidos (hoy premiados).

En sociedades con un mayor grado de civilidad que la nuestra, el desborde sindical anti-republicano es un problema superado. El sindicalismo en sí con su impronta de mafia, de corporación fascista de presión violenta por encima del voto ciudadano y de las libertades individuales, constituye una encerrona social superada.
En la cúspide evolutiva del mejor Primer Mundo, donde cunde hoy una relativa riqueza social, los sindicalistas son actores irrelevantes.

Eventualmente, en la línea de tiempo y de empoderamiento tecnológico donde se vayan desmontando -por presión de voto popular- las dos primeras corporaciones, se diluirá también la tercera: el gradual crecimiento del bienestar popular (con dinero real, proveniente del ahorro consistente con la eliminación de las intermediaciones innecesarias tanto en lo mafioso-sindical como en lo político-estatal) asegurará una competencia más y más perfecta, obligando -individualmente- a cada empresario a servir realmente a sus empleados y a la ciudadanía consumidora, so pena de desaparecer.

Sería en todo caso otra clase de dictadura de mayoría.
Una virtuosa, apalancada en los mecanismos de un libre-mercado extendido, actuando en el marco de una siempre creciente sociedad de propietarios.

Vale decir, finalmente, en un modelo de organización comunitaria apoyado en la lógica del mérito.







Plan de Acción


Febrero 2018

Uno de los más notables presupuestos o clichés aceptados por la agenda democrática argentina refiere a la percepción mayoritaria de que “el peso de la crisis económica nacional la soporten (paguen) en mayor medida (o toda, si fuese posible) quienes más tienen”.
Cuando en rigor de justicia, la crisis nacional o cualquier crisis pública debe ser pagada (expiada con asunción de culpa, compensada en lucro cesante y daño emergente) por quienes la causaron. No por el grupo equis que resulte más o menos antipático al opinador, supuesto portador de superioridad moral.

Una forma de ver el problema de nuestra recurrente crisis socioeconómica, del duro freno al ascenso social y cultural de los más pobres implementado por el “sistema peronista” y experimentado bajo distintos gobiernos en los últimos 74 años, es relacionándolo a la quiebra del erario. Al hecho de haber persistido en gastar más de lo que ingresaba.
La ruina progresiva impulsó así a un Estado desesperado a incurrir en dislates impositivo-reglamentarios minados de privilegios sectoriales discriminatorios y de avales mafiosos anti-igualitarios, que arrastraron al empresariado honesto a la desinversión, a la decadencia y a la más brutal desmotivación a lo largo de 3 generaciones.

Fuimos, ante sociedades más perspicaces, la imagen cabal de sucesivos gobiernos de ineptos tocando reiteradamente el fondo mismo de la imbecilidad; estrangulando casi sin pausa a la gallina de los huevos de oro.
Los responsables últimos de estos gobiernos de incapaces y corruptos, no fueron otros que los millones de votantes que, a sabiendas, los elevaron a los poderes ejecutivo y legislativo (incluso al judicial).
Pretendiendo luego -y logrando- que las consecuencias de sus crisis fueran compartidas por quienes no los votaron.
Por sus resultados acumulados en pobreza, derrumbe ético y atraso general, está claro que se trató de un tipo de voto tan tenaz… como delincuencial.
Tal la “ciudadanía” con la que debemos lidiar: 12.317.000 almas según la última compulsa electoral.

En un hipotético sistema libertario anarcocapitalista, todas estas almas “bellas” tendrían la posibilidad de conformar comunidades voluntarias (impositiva y reglamentariamente virtuales o bien físicas) donde poder dañarse mutuamente con sus creencias redistribucionistas, sin afectar proyectos de progreso ni patrimonios ajenos.
Claro que a la vista del fulminante éxito económico que tendrían los ciudadanos voluntariamente autoexcluidos de su modelo estatista, tales comunas tenderían a desintegrarse para pasar sus individuos a revistar en los modelos alternativos (antes vilipendiados) de mayor libertad con menor -o nulo- fiscalismo y burocracia.

La coactiva realidad actual, sin embargo, es una donde pagan justos por pecadores. Todas las veces, sin excepción.
Una donde las responsabilidades inherentes al impulso meritocrático individual en pugna con las de quienes avalan la cultura del parasitismo, se diluyen entre los pliegues de un sistema que permite tirar la piedra y esconder la mano.
Como cualquiera puede intuir, la trenza-matriz de nuestra asfixia, o sea las oligarquías “en espejo” de empresarios proteccionistas, sindicalistas mafiosos y políticos corruptos resultante de todos esos votos delincuentes, no se regenerará de motu proprio sino sólo ante una votación en defensa propia por parte de una cierta cantidad de ciudadanos. Una masa crítica definida por actuales votantes de izquierdas que caigan en cuenta de que las crisis populistas no deben ser cargadas sobre “los que más tienen” (eventualmente, los que más podrían invertir para paliarlas) sino asumidas a conciencia como propias, en forma personal.
Y que esa caída en cuenta incluya la cuota de lucidez (y patriotismo) suficiente como para apoyar durante las próximas décadas a los candidatos que mejor y más rápidamente aseguren el re-acercamiento de nuestra Argentina al estatus de potencia económica global, con todo lo que eso implica para el prestigio nacional y, desde luego, para el bienestar de nuestra población presente y futura.

En las actuales circunstancias, como parte del largo camino hacia una sociedad más libre, justa y evolucionada, tal seguridad sólo puede ser brindada por aquel programa de gobierno que se proponga llevar a efecto, durante los próximos dos períodos presidenciales, medidas que reviertan por completo la explotación de los honestos (pobres y ricos) por parte de estas tres oligarquías vampiras.

Para lograrlo, debe apuntarse en primer lugar a un serio rediseño de nuestro sistema judicial para llevarlo a altos niveles de informatización e independencia, de igualdad absoluta de los ciudadanos ante la ley, de judicaturas por estrictos concursos de excelencia y a un férreo control de gestión que haga imposible toda discrecionalidad.
Asimismo, debe encararse con celeridad y firmeza la liberalización y modernización de nuestros sistemas educativos y de sus contenidos a fin de echar a rodar una reversión masiva de las utopías estatizantes que nos llevaron al colapso, trocando la actual escala de valores centrada en el parasitismo irresponsable por otra que promueva el emprendedorismo, la responsabilidad personal, la cultura del trabajo y la capacitación constante, orientada a nuevas tecnologías funcionales a nuestra más plena e inclusiva inserción en modelos vanguardistas de capitalismo avanzado.

En cuanto a nuestras taras y rémoras más prosaicas, damos por sobreentendido que tanto el actual gobierno como un creciente número de ciudadanos comprenden que, aún con cierto gradualismo, no nos será posible volver a hacer de la Argentina un país viable sin:
a) Usar el endeudamiento como palanca transitoria para reducir drásticamente todos los impuestos a fin de atraer ingentes inversiones productivas, generadoras de nuevos puestos de trabajo. Y para reducir los restantes tributos compensando la reinversión de utilidades.
b) Integrar nuestra economía al mundo, eliminando las retenciones y toda otra traba impositiva o burocrática de “costo argentino” que frene nuestras exportaciones.
c) Desregular fuertemente la actividad nacional, especialmente en los ámbitos educativo, comercial, financiero y laboral (incluyendo al unicato sindical y la afiliación compulsiva), a fin de afianzar en forma consistente la radicación de capitales de riesgo compatibles con un serio aumento en la demanda de empleo formal.
d) Bajar hasta niveles de déficit cero el gasto público en sus tres niveles, impulsando la transferencia de 1 millón y medio de empleados públicos (actual desocupación encubierta) a la actividad privada en reactivación, organizando un sistema previsional autosustentable sin tabúes ideológicos paralizantes de por medio, terminando con los anti-igualitarios regímenes de “promoción industrial” y racionalizando hasta el nivel individual la entrega de subsidios transparentes, publicados y específicos a ciudadanos identificados que realmente los necesiten.
e) Afianzar el federalismo regionalizando al país en “provincias” de escala sustentable, conforme a la nueva proyección capitalista de generación racional de recursos propios, la cual podría ser muy distinta de la actual habida cuenta de la “apertura mental a la riqueza” y de las sinergias zonales que en tal supuesto se darían.
Con ello se contribuiría, también, a la imprescindible baja del gasto político.

De este modo, si de aquí a fines de 2019 el gobierno del Ing. M. Macri lograse desactivar las bombas de tiempo sociales dejadas hace 2 años por el peronismo kirchnerista, cercando los incendios económicos remanentes, quedarían sentadas las bases para que, en un segundo mandato presidencial seguido por un tercero de la coalición Cambiemos (¿con la Lic. M. E. Vidal al frente?) a concluir a fines de 2027, estos objetivos -ya cumplidos- conformen la perfecta plataforma de despegue de nuestra república hacia ese estrellato planetario de donde nunca debimos caer.

¿Podrán disfrutar nuestros hijos y nietos de esa situación de poder, orgullo de la argentinidad, oportunidades para la libertad, la no violencia y la riqueza?

De la actitud proactiva o de la pusilanimidad de nuestra generación depende.












Judicaturas II

Enero 2018

Uno de los motivos por el que las “fallas” en tantas instituciones estatales de -supuesto- servicio público se repiten y perpetúan es porque los Estados no sobreviven ni crecen debido al grado de su excelencia (como ocurre con los proveedores de servicios en mercados libres y competitivos) sino por su capacidad de coacción.
Y ciertamente la Justicia, en tanto institución monopólica de Estado, no es la excepción.
La actividad privada voluntaria (con el afán de lucro morigerado por la competencia como motor) será siempre superior en resultados a la actividad del gobierno (con la coerción como motor) en cualquier área, incluyendo la de controlar -y hacer pagar- a quienes perjudiquen al prójimo.

Como comentáramos en la nota de divulgación precedente (Judicaturas), existen alternativas de impartición eficiente de justicia para los casos que hoy abarrotan los tribunales civiles (mayormente disputas de índole económica).
Las hay de la mano de entidades privadas de mediación y arbitraje en combinación con compañías de seguros; y eventualmente de estas últimas con agencias de seguridad.
Pero también las hay para los casos penales más serios, incluyendo daños, estragos, agresiones o asesinatos.

El concepto estatista de justicia punitiva, hoy vigente, es aquel donde el delito del reo es considerado una ofensa “a la sociedad” siendo esta representada por el Estado, quien eventualmente captura, juzga, condena y castiga con prisión al delincuente, con cargo de todos los gastos a la misma e indiferenciada “sociedad”, a través de dos únicos caminos complementarios: impuestos generales (incluyendo entre estos a la inflación) y deuda nacional.

Por el contrario, el concepto libertario o anarcocapitalista de justicia es aquel donde el delito del reo es considerado una ofensa personal a la víctima con quien contrae una deuda que habrá de ser compensada en dinero, que el mismo delincuente deberá abonar.
Nada tienen que ver aquí el resto de los ciudadanos (“la sociedad”), a quienes en ningún caso se cargará con los costos del proceso.

En este sistema de justicia retributiva quien condena y mensura la correspondiente indemnización final en dinero es un árbitro privado (tras las correspondientes mediaciones y eventuales apelaciones, tal como se detalla en la nota precedente), quien detiene es una agencia de seguridad e inteligencia privada, quien cobra al victimario y abona a la víctima es el propietario del campo de trabajo privado de alta tecnología penal-empresaria donde el agresor quedará internado hasta que salde su deuda y quien indemniza (si corresponde), es una compañía de seguros privada.

De este modo, el reo que no quiera o no pueda pagar la suma fijada en su condena arbitral quedará internado en el campo de trabajo que mejor se adecúe a sus habilidades, donde generará a lo largo de los años que hagan falta (eventual capacitación incluida) el dinero para pagar todos los costos de su captura y proceso, así como los de su manutención y educación además de la suma indemnizatoria destinada a su/sus víctima/s o heredero/s, cargos eventual, total o parcialmente adelantados a los acreedores por la compañía de seguros interviniente.
Con independencia de lo anterior, cabrá al árbitro la potestad de imponer un número mínimo de años de reclusión, a fin de impedir que personas ricas puedan agredir o matar en forma impune, pagando exclusivamente en dinero por ello. Así como cabrá a la víctima la potestad de renunciar a su acreencia, liberando al delincuente de esa responsabilidad, si bien no de su prontuario, expuesto de por vida en red abierta.

Es dable imaginar a estos modernos centros de detención privados con explícito fin de lucro, como una combinación sinérgica de servicio social y ganancia empresaria, operando bajo las modalidades más creativas y diversas que el ingenio humano pueda proponer.
Incluyendo variantes de premio-castigo para los internos que colaboren en favor o que se rehúsen a cumplir con su rutina. Agregando o quitando privilegios y calidad de servicios, que podrían contemplar ítems como la comida, el esparcimiento, las tecnologías, el tipo de contacto con familiares o la provisión de muy distintas clases de comodidades sanitarias, de trato, de horarios o alojamiento.

Como decíamos antes, en una comunidad altamente contractual (voluntaria; no coactiva) y conectada en red a todo efecto, la condena social y comercial, la exclusión virtual, financiera y hasta física constituiría un muy poderoso disuasivo frente al crimen y la estafa, estimulando en gran forma la virtud de la responsabilidad y la cultura del trabajo honesto, así como la meritocracia.
Efecto rector que obviamente aplicaría a las mismas agencias de seguridad, compañías de seguros y agencias arbitrales (en abierta competencia de mercado), quienes dependerían de su reputación, economía, rapidez y afabilidad de trato para sobrevivir y prosperar.

En cuanto al tratamiento de delitos “contra la sociedad en su conjunto” como es el caso de los tan actuales crímenes “de corrupción”, deberíamos situarlos también en un marco libertario, donde un hecho de corrupción como podría ser una coima o porcentaje para que el funcionario responsable direccione la licitación de un puente cuyo contratista lo haga con sobreprecio, será cuestión privada denunciable por parte de cualquiera de los aportantes afectados: individuos o redes contractuales de ellos; empleadores que pagan el sueldo del gerente-funcionario a cargo de la contratación de ese puente en particular, de uso privado o público-pago, encomendado por la comunidad en red (de primero, segundo o tercer grado) contractualmente organizada de la que se trate.
En un sistema así, la corrupción sería sin duda (y como tantos otros) delito en vías de extinción.

Disminuir la capacidad coercitiva del gobierno (por ejemplo, en el caso de la Justicia) aumenta la eficiencia del desenvolvimiento social en la creación de valor al hacer variar el fiel de la balanza hacia lo voluntario-contractual que es, qué duda cabe, la variante más evolucionada.
Reducir proporcionalmente la exacción impositiva (en línea con la no-violencia) a medida que el Estado se retira dando paso y oxígeno a la iniciativa privada equivale a poner más dinero en los bolsillos de la gente y a empoderarla en su capacidad de elección ya que, como todos sabemos, la libertad sin medios no sirve de mucho ni inspira a las mayorías en la necesaria pasión de su defensa.




Judicaturas

Diciembre 2017

Hace poco y con motivo de un problema judiciable en ciernes, tuvimos ocasión de comprobar el funcionamiento del sistema de mediaciones en la ciudad de Buenos Aires.
En efecto, una abogada mediadora privada designada de común acuerdo entre las partes fue capaz, tras 4 encuentros y un módico honorario, de conducirnos a un arreglo si no ideal, al menos aceptable para todos.
Nos ahorramos así un juicio largo, desgastante, costoso y de desenlace incierto. Y contribuimos con la comunidad, al evitar seguir agregando peso a los ya colapsados tribunales nacionales.

A diferencia de la visión libertaria de la Justicia, aún los liberales defensores del “Estado mínimo” sostienen que este es necesario, entre otras cosas, para sostener el monopolio de un Poder Judicial y una fuerza armada de aplicación que solucionen las controversias sociales de manera pacífica.  Para mantener una única corte final de apelaciones obligando a los litigantes a someterse a ella y, en definitiva, a sus leyes. Así como sostienen también que los funcionarios de este Poder son más imparciales que su alternativa privada dado que no tienen intereses ocultos que los condicionen como los que podrían presumirse de su contraparte, sometida a las leyes del mercado.

Lo cierto es que, al abordar este tema, tocamos aquí a un “intocable”; a una verdadera vaca sagrada del estatismo: la de su monopolio judicial.

Aun así, aprovechando la circunstancia de ser un Poder tan cuestionado, tan costoso y tan falto de credibilidad (según encuestas, entre 78 y 83 % de la ciudadanía argentina hoy, no confía en su Justicia), abordaremos el tema marcando acaso algunos básicos; propuestas de aplicación gradual y sentido común.
Hojas de ruta posibles para un gobierno como el macrista, supuestamente encaminado hacia la modernidad a través de una baja impositiva y regulatoria.

Para no extendernos demasiado, dejaremos por ahora de lado el capítulo referido a un tipo de Justicia más avanzada, totalmente privada y de jurisdicciones competitivas, así como el tratamiento libertario de delitos graves contra la vida o la integridad de las personas y contra la “sociedad en su conjunto” (como la corrupción estatal), para centrarnos en las diferencias económicas y conflictos varios que abarrotan el 90 % de la capacidad de nuestro actual sistema.

Y convengamos entonces en asumir que las partes en disputa son eventualmente capaces de elegir a sus propios árbitros. Como que parece asimismo claro que, con suficiente demanda, surgirían numerosas nuevas agencias privadas de mediación y arbitraje atendidas por profesionales. Que además podrían ser (¿por qué no?) muchos de quienes trabajan hoy a tiempo completo para el modelo de justicia estatal.
La gente obtendría así ventajas tangibles, derivadas tanto de la competencia como de la especialización. Incluso con la aparición de agencias dedicadas a arbitrajes de última instancia (las actuales cortes de apelaciones), convenidas de antemano entre los litigantes con la ayuda de sus respectivos abogados.

Una sociedad moderna es una sociedad contractual. Desde un plan de estudios o un empleo hasta operaciones comerciales de envergadura, casi todo tiene su anclaje en contratos. Estandarizados, implícitos, puntuales o correlacionados, la protección de cumplimiento de los mismos está dada hoy, en último término, por la fuerza pública.
Dicha protección de contratos es hoy en verdad un gran mercado o negocio, de inmenso costo total final para el conjunto (reflejado, al fin de la jornada, en inseguridad, pobreza y marginalidad, entre otros ítems), mayormente mal atendido. Que lo estaría mejor bajo agencias de arbitraje trabajando en conjunto con compañías de seguros.

Así, los contratos que se celebrasen entre partes podrían tener una cláusula vinculante donde quedara designada la agencia a la que se recurrirá en caso de divergencias. Designándose también a la o las agencias arbitrales de eventual apelación.
Todo lo cual es obviamente mejor que no poder optar por variantes de eficiencia y especialización siendo forzados a aceptar el veredicto de una única corte final para todos los casos y temas, por diferentes que estos sean.

Por otra parte, el argumento de la imparcialidad de los jueces del monopolio actual se desmorona ante el hecho comprobado, entre otros, de la “lealtad política” que estilan profesar a los gobiernos y a sus amigos, siendo impelidos (con toda lógica) a ser parciales en favor del Estado del que forman parte y del que obtienen su paga y su poder.
El árbitro que vende sus servicios en el mercado, en cambio, depende de su habilidad para actuar con verdadera justicia en la solución de los diferendos. Habilidad que, junto a la honestidad, imparcialidad, rapidez y moderación de honorarios, cimentará su reputación. Complementada por su capacidad empática para con los sentimientos e intereses de los litigantes, actuando con ánimo de dirimir disputas más que de dictar sentencias.
Deben actuar así, a diferencia de los jueces actuales, so pena de quedarse prontamente sin clientes a manos de la misma y entrenada competencia que se encargaría de fiscalizar, por interés propio, sobre cualquier irregularidad que cometa.
Puja que se daría, como en cualquier transacción comercial, por precios más bajos y mejores prestaciones, minimizando las demoras e incertidumbres hoy usuales, generadas por abogados poco escrupulosos o simples golpes de suerte.

La intervención de compañías de seguros se daría (aparte de coberturas habituales como las que se dan en los casos de contratos de venta en cuotas, muerte o incapacidad del deudor) en los casos de simple incumplimiento, como un anexo de norma en cada contrato.
Allí se especificaría que la cobertura quedaría supeditada al previo paso por la mediación arbitral antes apuntada, incluyendo las apelaciones. En la última instancia y ante una negativa a acordar, el árbitro final impondría a la parte incumplidora la reparación monetaria equivalente más el costo de los arbitrajes incurridos.
De negarse o serle imposible su cumplimiento, la aseguradora indemnizaría a las partes acreedoras con dicha suma y se haría con la titularidad de la acreencia para continuar con el intento de cobro por otros medios.
Podría entonces re-pactar plazos, prever formas originales de resarcimiento, vender la deuda a terceros o proceder como le convenga utilizando todas las herramientas legales de presión disponibles. Por ejemplo, embargando o reteniendo acreencias de su banco o de sus deudores. O bien sueldos y premios de su empleador, si se trata de un empleado.

La presión principal, sin embargo, sería la de la “condena social institucionalizada” porque en una sociedad más adulta, voluntaria, responsable y libre, el incumplimiento llevaría a una veloz exclusión financiera y comercial a todo orden, con daño profesional y social para las personas físicas que se nieguen a acordar, con más su probable extensión a familiares cercanos, sociedades conexas, fundaciones, clubes, consorcios y posibles testaferros.
Algo así como una muerte o exilio civil infame, corrosivo y económicamente paralizante; mucho peor que el actual Veraz. Hablamos de tender a un sistema absolutamente abierto, integrado en redes e informatizado que acabaría en poco tiempo por no dejar resquicios viables a la estafa.
La Justicia civil del futuro no-violento apuntaría así en forma preponderante (aunque no excluyente) al castigo por exclusión social (y aún física) de los indeseables.
En una sociedad de este tipo, fuertemente colaborativa por interés propio, hasta el más desaprensivo irresponsable caería en cuenta de que la honestidad con los demás es una necesidad… egoísta. Un argumento ya desarrollado in extenso, por otra parte, en el anticipatorio libro de Ayn Rand “La Virtud del Egoísmo”, de 1961.

Por fin, dado que el deudor irredento del ejemplo inició una agresión comprobada contra sus acreedores al persistir en negarles lo que les es propio, la compañía de seguros en asociación con una agencia de seguridad privada tendrá el derecho, agotado en el tiempo todo lo anterior, de hacer uso de fuerza proporcional en legítima defensa contra dicha agresión.
Dejaremos de lado de momento y por falta de espacio el desarrollo de los posibles métodos privados de castigo, detención y resarcimiento. Ya estudiados, por otra parte, por calificados pensadores libertarios.

Cabe apuntar que el ostracismo comercial funcionaría igualmente bien contra las compañías de seguros (y de seguridad) que se arriesgasen a ser deshonestas o excesivamente violentas, con los mismos argumentos aplicables vía mercado competitivo que los aplicados a las agencias de arbitraje y a los individuos de proceder incorrecto. Como así también asumir que, al no ser agentes de un Estado monopólico, carecerían de inmunidad legal por las consecuencias de sus acciones, debiendo enfrentar fulminantes demandas por mala praxis en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
En disputas menores o no contractuales y sin seguros, los litigantes deberían, llegado el caso, acordar por sí someterse al accionar de agencias de mediación y de seguros. Negarse a hacerlo implicaría para la parte reticente similares riesgos a los apuntados, tanto en lo comercial como en lo social.

El día en que una masa crítica de ciudadanos se atreva a desafiar lo “políticamente correcto” para llamar a las cosas por su nombre usando el más común de los sentidos, la Justicia, como tantas otras instituciones, comenzará a trabajar en serio en nuestro favor haciendo de esta una sociedad más segura para los honestos.


Nuestra Jaula Mental

Noviembre 2017

Hace siglos, el gran Adam Smith dijo refiriéndose al productor y comerciante emprendedor: “persiguiendo su propio interés, frecuentemente promueve el de la sociedad con más efectividad que cuando realmente pretende promoverlo”.
Por su parte y no hace mucho, dijo la joven y brillante intelectual ecuatoriana Gabriela Calderón de Burgos: “la idea de que una nación deje de ser pobre gracias a individuos que buscan lucrar, no gracias a una clase política todopoderosa que dice desear el bien para todos, resulta increíble para la gran mayoría. Pero si miramos los hechos dejando a un lado la carga emotiva, hay fuertes indicios de que precisamente eso es lo que nos cuenta la historia del desarrollo de la humanidad”.

Sabemos que el sector público no tiene la capacidad de solventar su propio costo. Y conocemos la teoría que dice que se justifica; y que sobrevive tomando una módica porción de las ganancias del sector privado a través de los impuestos, proveyendo valiosos servicios a cambio.
Sin embargo, cuando a través de este mecanismo las decisiones de inversión y los intereses de las personas colisionan con el supuesto interés general, lo que ocurre es la prevalencia del interés privado… de los que conforman el sector público. En especial el interés de la élite de ese poder, a saber: políticos, empresarios protegidos y sindicalistas.

Lo cierto es que la mayoritariamente atrasada sociedad argentina actual, minada de prejuicios aldeanos frente al progreso capitalista, sigue resistiéndose a las verdades económicas y culturales del siglo XXI.

Arrastrándose como mujer golpeada, nuestra ciudadanía escapó a duras penas en estos últimos 2 años de la sinvergüenzada mafiosa de los anteriores 72.
Y ahora intenta, con muletas, retornar a la República perdida, la de las libertades individuales, alejándose del electoralismo no republicano cuyo problema sistémico describió otro sabio, Benjamín Franklin, cuando dijo: “la democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a comer. ¡La libertad es un cordero bien armado rebatiendo el voto!”

La democracia republicana y -relativamente- liberal hacia donde nos conduce el actual gobierno del presidente Macri está bien orientada, pero sólo sirve como paso intermedio hacia el siguiente escalón evolutivo: el del Estado mínimo.

Llegar a este estadio podría tomarnos varios períodos presidenciales más, pero debemos asumir que sólo desde esa plataforma nos será posible volar hacia la verdadera liberación de nuestra dependencia; hacia la epopeya de la mejora social a gran escala usando todo el herramental científico y tecnológico de este siglo.
Podríamos entonces aplicar el potencial pleno de las reflexiones de Smith, Calderón y Franklin antes apuntadas.

Eventualmente, llegaremos a conformar esa masa crítica de ciudadanos que despierten a la comprensión cabal de que todo gobierno se sostiene (y todo Estado crece; y crece) privando a la gente de gastar o invertir en lo que desea.
Y que lo hace quitándole su dinero por la fuerza (impuestos) e impidiendo que contraten, comercien o vivan como elegirían racional y emotivamente hacerlo (regulaciones). Comprensión que tiene su núcleo en la aceptación plena de que los emprendimientos privados en competencia se sostienen, pagan salarios y crecen sin cargar sus costos a otros. Ofreciendo al pueblo, simplemente, lo que este desea. Y que si así no lo hacen deben quebrar.

La actividad privada generadora de productos y empleos reales tiende así a aumentar constantemente el bienestar de sus clientes (toda la sociedad), en tanto la actividad estatal tiende a disminuir sin cesar aquella disponibilidad de dinero (reinvertible o consumible) que generaría prosperidad y bienestar entre los propios.
Desde luego, los “valiosos servicios” que presta a cambio son, como todos sabemos, ineficientes, insuficientes y en extremo caros si tomamos en cuenta el costo real absoluto cargado sobre la totalidad de la población. Servicios que por sus deficiencias deben ser usualmente suplidos por los usuarios con la consecuente duplicación de pagos. Aún en la presente era Macri.
¿O acaso alguien está conforme con el desempeño de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestra Justicia, de nuestro sistema penitenciario, de nuestros sistemas de salud, educación pública o previsional, de nuestra infraestructura o de nuestra burocracia? ¿O aplaude nuestro sistema pobrista de subsidios de hambre a la inmensa legión de carenciados y ni-ni, generados a lo largo de décadas por el propio fiscalismo estatal?

Hasta tanto no se concrete una baja impositiva y regulatoria,
la receta para el empantanamiento seguirá sobre nuestra mesa, parasitando todo nuevo ímpetu creador de riqueza honesta a gran escala.

Los libertarios aborrecemos al Estado y todo lo que representa no por egoísmo antisocial ni por falta de empatía solidaria sino porque es en sí mismo fuente inagotable de corrupción y porque constituye el obstáculo financiero que impide, primero, la erradicación de la pobreza y después, el bienestar modelo siglo XXI del que toda nuestra sociedad podría gozar.
Cuanto más nos atrevamos a disminuir la carga impositiva y regulatoria, tanto más crecerá la actividad privada productiva, de servicios, de comercio, cultural, solidaria y recreativa. Porque menos Estado será siempre más sociedad. Y en el extremo, cero Estado sería máxima sociedad.

Por norma de sentido común, no debería existir compromiso o “justo medio” entre alimento y toxina.
No hay una dosis “buena” de parasitosis para el cuerpo como no hay un nivel “bueno” de socialismo para la actividad económica en el cuerpo social: siempre y a todo nivel será un freno a la actividad privada, la única que crea.

Por fuera de nuestra jaula mental nos espera entonces el “herramental científico y tecnológico de este siglo” para potenciar conceptos tan vanguardistas como economía colaborativa, eficiencia dinámica con función social empresarial, ecomodernismo, empoderamiento ciudadano, libertad responsable individual y una descentralización de decisiones a todo orden, apoyada en la diversidad.