Democracia y Cia. S.R.L.

Octubre 2009

La democracia republicana, representativa y federal argentina está muerta y enterrada. Fue reemplazada por extorsión mafiosa en estado puro, camuflada tras una bulliciosa pantalla de instituciones castradas. El resultado no es democrático ni constitucional, desde luego. Ni siquiera se ajusta al paraguas de la montaña sedimentaria de leyes-basura populistas que en sí, no son más que codificación de la injusticia.

La propia Constitución fue siempre una “molestia” para las volátiles mayorías argentinas y hubo de ser violada de un modo u otro por multitud de sicarios electos, liquidando libertades cívicas o económicas según el particular paladar de quien ejercía el poder. No sirvió en la práctica, al menos durante los últimos 79 años. Tampoco el bello sistema democrático allí propuesto, con sus delicados contrapesos republicanos.
Poco pudo hacer el Poder Judicial (el Tercer Poder que iba a controlar con incorruptible ejemplaridad a los otros dos), superado por incontables desbordes, infiltraciones, amenazas y ahogos financieros que acabaron sometiéndolo al Ejecutivo.

Aceptamos que ese texto constitucional representa el único pacto o “contrato social” básico que todos los argentinos acordaríamos “firmar” y respetar. Comprendemos que es el acuerdo que mantiene unida a la sociedad haciendo posible la existencia de la Argentina como nación sin secesiones. Y podemos también afirmar sin sombra de duda, que el pacto no se cumplió.

Vemos por otra parte, que el actual gobierno hace todo lo posible por confirmarnos que aquí no habrá república ni federalismo. Que seguirá derogando propiedad privada y derechos individuales con las armas discrecionales de la Afip-KGB-Gestapo-Oncca, del amedrentamiento con palos y capuchas, del control de la prensa, del pago en efectivo por la prostitución de legisladores “opositores” y del manejo clientelar de pobreza e ignorancia.

Vivimos algo así como un clímax -exaltado a toda orquesta- en la película de nuestra vida, donde la voladura final de las bases sobre las que asentábamos nuestra anuencia, nos releva de cualquier “promesa” anterior de respeto y obediencia hacia representaciones espurias; que no reconocemos como propias.

Llevándonos a preguntarnos en feroz seguidilla ¿pero…por qué trabajar para este ilícito 6 meses al año (es lo que nos cuesta a cada uno “la contribución”) y sólo 6 para el resto de nuestros sueños y necesidades familiares? ¿A santo de qué contrato se nos exige tirar nuestro tributo al pozo sin fondo de vagos, corruptos y ladrones? ¿Cuándo autorizamos a esta gente a violentar nuestras libertades, que son superiores y muy anteriores a ellos? ¿Qué poder creen por ventura que les cedimos para maniatar, amenazantes, nuestros movimientos comerciales o para embretarlos entre gigantescos monopolios estatales, fuentes de la peor corrupción? ¿Quiénes son estos padrinos para disponer con prepotencia de nuestros bienes, de nuestra capacidad de crecimiento y de nuestro esfuerzo a su infeliz criterio, mientras hunden a nuestra sociedad en la decadencia más humillante frente a países de menor potencial? ¿Por qué habríamos de sentirnos atados a los reglamentos y respetos de esta Democracia S.A. dominada por corporaciones prebendarias igualmente mafiosas, “legitimada” por electores corrompidos con nuestros impuestos? ¿Para esquivar el látigo del déspota y a los esbirros de su Estado policial? Muy probable. ¡El zorro está dentro del gallinero! ¿Hay vida más allá de esta brutal dictadura de mayorías? ¿En qué momento delegamos en estos taimados individuos, supuestos servidores abocados a la protección de nuestros derechos, el monopolio de la fuerza resignando el rol de ciudadanos mandantes, bien armados para la autodefensa? ¿Cómo es posible que nos expriman a impuestazos mientras choferes y secretarios, sindicalistas y otros amanuenses descarados se enriquecen a través de ventajas discrecionales hasta niveles de escándalo? ¿Somos tan idiotas como para conformarnos con un cambio de amo, a cual más extorsionador, cada cuatro años? Porque de eso se trata esa cáscara vacía que pomposamente denominamos democracia.

Es necesario caer en cuenta de que sin poner límites claros, estrictos e inviolables a quienes pretendan ostentar algún poder sobre nosotros, no podemos proceder a elección alguna. No haber tenido la inteligencia de preverlo, nos condujo a lo que vemos en esta explosión de podredumbres, donde un grupo de mafias conjuradas va perfeccionando el control de nuestro territorio.

Deberíamos recordar que la democracia no es un fin sino un medio entre muchos otros probados por el hombre, en busca del mejor sistema de organización social. En modo alguno es el final del camino en la búsqueda de este noble objetivo. A lo sumo podríamos considerarla como un paso intermedio, bastante primitivo por cierto, en la vía de experimentación, inteligencia social y avance tecnológico que nos llevará al siguiente estadío.

El fin es el bienestar de la gente, no el hacer funcionar a cualquier costo sistemas imperfectos y dañinos. Nunca está bien obcecarse empleando la fuerza bruta, y menos aún en el campo de la acción humana ya que, como lo entendieron los más evolucionados de la especie (de Einstein a Gandhi, de Confucio a Cristo) el único camino válido es el de la libertad y la no violencia.

Existe un solo sistema social compatible con estos elevados estándares y ese es el libertarianismo, donde las personas optan por los códigos de vida de su preferencia sin robar ni ser robados, asociándose a otras personas o comunidades con iguales y pacíficos intereses. Las tecnologías actuales lo hacen posible en teoría y ya existen partidos libertarios en el mundo que privilegian la tendencia tecnológico-informática hacia la heterarquía (o estructuras de diverso grado en forma de red) por sobre las actuales jerarquías (o estructuras políticas en forma de pirámide) que pugnan por demorar estos avances. Se trata, en síntesis, de lo voluntario primando por sobre lo coactivo. Única forma definitiva y civilizada de superar el odio, la envidia y el resentimiento que emponzoñan nuestra patria.

Deberemos lidiar entretanto con funcionarios plantados en la ignorancia y con terror al pensamiento, que ni siquiera rinden pleitesía al Estado como institución sino, peor aún, a unas pocas personas bien identificadas.

Tierra de Maleantes

Octubre 2009

Ciertamente, nuestra Argentina es un crisol de razas. De una afortunada combinación que nos legó elevados estándares de inteligencia y belleza. De aptitudes para el liderazgo y la creatividad en campos como la ciencia, el arte o la producción.
Así se lo demostramos al mundo cuando la tremenda corriente inmigratoria que había estado llegando desde finales del siglo XIX al amparo de las reglas liberales de nuestra Constitución, hizo estallar la prosperidad catapultando a nuestro país al estatus de gran potencia emergente, a principios del siglo XX.

La fusión fecunda de todos esos temperamentos criollos y extranjeros se produjo a través de la protección del derecho de cada uno a su individualidad. Comprendiendo, en acuerdo con las ideas de nuestros Padres Fundadores y con el espíritu de su Carta Magna, que el respeto por la sagrada institución de la propiedad privada, constituía el alfa y el omega del desarrollo.
No se trató de la unión a través de la nivelación hacia abajo con un igualitarismo gris, golpeador, estúpido y contraproducente como el que tenemos en la actualidad. Nadie hubiese venido con estas reglas.

La cultura del trabajo, el espíritu de progreso, el optimismo avasallante, la poderosa tendencia al ahorro y la inversión que caracterizaron a aquellos compatriotas, aparecieron sólo cuando se dieron ciertas condiciones: gran libertad económica y seguridad jurídica, muy pocos impuestos y regulaciones laborales.
Millones de personas bajaron de los barcos votando con los pies, tras la promesa de que aquí se respetaba la propiedad, el derecho a ejercer toda industria lícita y a gozar íntegramente del usufructo del trabajo honrado, sin temor de que burócratas iluminados pretendiesen quitárselo. Venían para ser juzgados y premiados por su capacidad y ambición individuales, no por su pertenencia a algún grupo con privilegios. Venían tras el derecho a ser individuos plenos y productivos, huyendo de una Europa socialmente anquilosada, autoritaria, minada de impuestos discriminatorios y reglas paralizantes que mataban la creatividad y el surgimiento de nuevas oportunidades para su población en aumento.

A nadie le interesa emigrar hoy a Cuba ni a Venezuela. Ni siquiera a Suecia. Como que nadie que valga la pena quiere venir ni traer negocios, trabajo y capitales a esta Argentina que involuciona hacia el colectivismo.

Los electores peronistas y radicales (socialistas) cleptómanos que nos arruinaron, siguen buscando en la ilusión de una autoestima tribal (el privilegio de un grupo a costa de otro grupo) la identidad individual que no logran a través del sano esfuerzo laboral que sirvió a sus bisabuelos. Esfuerzo que hacen imposible a otros para no tener que verlos crecer, a través de intrincadas prohibiciones productivas o financieras y cargas tributarias de la más vil factura.
Sus dirigentes sobreviven entre una masa de votantes-clientes aferrados al criminal argumento de que el trabajo y la vida del individuo “pertenecen a la sociedad” y que ellos tienen derecho a quitarle su dinero a discreción, en beneficio de un difuso “bien de todos”. Aunque ¡oh!... algo no funciona cuando la única forma de llevar a la práctica una doctrina de esta naturaleza, es por medio de la fuerza bruta.

Obviamente, el bienestar de la mayoría se perjudica en forma grave cuando cientos de miles de emprendedores son expropiados de los fondos que hubiesen podido emplear en capitalizar sus emprendimientos, generando mayor competitividad, empleo y riqueza social. Una y otra vez, el sabio axioma de que el fin no justifica los medios devuelve el sopapo corrector a estos violadores compulsivos de derechos de propiedad, sumiéndolos en más pobreza y pérdida de oportunidades. Sus votos de izquierda son, qué duda cabe, un verdadero tiro en el pié.

El que un tercio de los sufragios haya apoyado la opción de violación vengativa representada por el oficialismo es algo preocupante. Pero que otro tercio continúe apoyando consignas que suponen insistir con este estatismo reglamentador, escupidor serial de “leyes” que combaten al capital con fuerza de metralla, es algo digno de ser labrado en las puertas de la Fundación de Ayuda al Suicida. Los “moderados” radicales apoyaron durante décadas todo tipo de leyes impositivas, discriminatorias y contrarias a la libertad de comercio e industria que garantizaba la Constitución. Todas violatorias de la propiedad y su usufructo como, hace muy poco, la ley que confiscó los activos de los fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Lo mismo los “civilizados” socialistas y del ex-Ari que vienen de bendecir la reestatización de Aerolíneas, los superpoderes del Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura o la precipitada y corrupta ley mordaza (o de Medios).

Santo Tomás de Aquino establece al respecto en su Suma Teológica, que las leyes son injustas si son contrarias al bien común o si la distribución de las cargas es desigual (presupuestos cabalmente cumplidos aquí). Y que sin esas condiciones “la ley es violencia tiránica y debe ser resistida”.
Agrega, por si hubiese alguna duda, que la ley injusta no es propiamente ley y que nadie está obligado en conciencia a su cumplimiento.

La tierra de los próceres de mente avanzada y dirigentes honestos, con vocación de servicio hasta el límite de la propia pobreza, cambió su paradigma a tierra de maleantes.
Como no podía ser de otra manera, también cambiamos educación, prestigio internacional, crecimiento productivo y opulencia financiera por el descrédito de ser un país cuasi delincuente, triste monigote agresivo que se junta con la escoria del planeta a rumiar resentimientos y robar a los suyos.

No es casual que seamos la sociedad con mayor número de psicólogos per cápita y que dos tercios de nuestra población se encuentren empantanados en una inmadura creación destructiva. En lugar de apoyar la destrucción creativa que significaría la adultez de barrer a maleantes e ineptos volviendo a liberar, como nuestros mayores, la potencia creadora de cada argentino.

La Mejor Intención, el Peor Resultado

Octubre 2009

La Iglesia y muchas otras organizaciones solidarias claman por el “combate contra la pobreza” como verdadera prioridad nacional.
¿Quién podría estar en desacuerdo? El flagelo de la desnutrición, la deserción escolar por miseria, la desesperanza como madre de delincuencias o la degradación de dignidad y autoestima que conlleva la indigencia son gravísimas realidades de esta Argentina que, en su oportunidad, elegimos deconstruir.

Sin perjuicio de ello, la lucha de los periodistas contra la Ley de Medios, la de los hombres de la agroindustria contra los impuestos expropiatorios o la de los juristas contra el Consejo de la Magistratura, no deben considerarse como “distracciones” sectoriales que restan energía al más urgente combate contra la pobreza. Esas y otras nobles luchas civiles coinciden en la prioridad señalada. Pero como mujeres y hombres de acción práctica denuncian, atacan y se oponen a iniciativas estatales que son las génesis de esa pobreza que nos ahoga. Prefieren embestir contra las causas de que el sistema que nos rige sea una fábrica de hacer pobres… además de seguir paliando desde la retaguardia sus interminables efectos.

Los gobiernos de las últimas décadas se distinguieron por su esfuerzo en intentar un gran asistencialismo bajo múltiples formas. Y en paralelo para solventarlo, una cada vez mayor presión impositiva y reglamentaria sobre el agro, la industria, el comercio y los servicios. Sobre los que crean, distribuyen y multiplican la riqueza en nuestra sociedad.
Como sea, la transferencia de fondos bajo la forma de subsidios al consumo o de aportes directos en efectivo, fue enorme.

Aún dejando de lado lo que implica en el rubro corrupción un manejo semejante, la fórmula en sí debe ser revisada: el lamentable resultado-país que se presenta ante nuestros ojos, es prueba irrebatible de que avanzamos por el camino errado. Seguir apretando el torniquete de la asfixia sobre los únicos que pueden crear empleos y sueldos reales, es algo que sencillamente no sirve. Y que llama en forma temeraria a una rebelión fiscal, considerando que por atracos impositivos de menor cuantía de los que estamos teniendo aquí, Luis XVI, su familia y sus cómplices fueron guillotinados o Ceausescu y su mujer, fusilados en la plaza.

La solución al dilema excede el espacio de un artículo de divulgación, pero podríamos empezar señalando algunas verdades del más puro sentido común.

La idea clásica del asistencialismo (antes llamado caridad) era la de ayudar a los necesitados a ayudarse a sí mismos. Apoyando al beneficiario para hacerlo independiente y productivo sin pérdida de tiempo.
Conveniencias políticas de índole electoral han cambiado el enfoque de esta cuestión, llevándolo a equiparar asistencia con “derecho” y a equiparar ese supuesto derecho con oportunidad ventajosa de obtener un aporte permanente a costa de los demás. Se genera así un enfrentamiento crónico entre diferentes corporaciones (empresas públicas, industrias prebendarias, sectores económicos subsidiados etc.) o grupos de presión (piqueteros, desocupados, beneficiarios de “planes”, de viviendas cuasi gratuitas etc.) que pugnan ante los funcionarios por alzarse con los favores y dineros.

La alternativa sería, claro, una economía libre con fuertes aportes de capital privado, generando riqueza y empleos bien pagos en grandes cantidades. Creando un ambiente de ahorro y sana cultura laboral, para bajar los índices “de necesidad” a niveles civilizados. Cobrarían entonces importancia distintas organizaciones y nuevas formas de asistencia privadas (Cáritas, Red Solidaria, ONGs, fundaciones con desgravación impositiva, donaciones testamentarias particulares, cooperativas de trabajo etc.) relevando progresivamente al Estado de tales funciones.
Demás está decir que la eficiencia privada para hacer que cada peso llegue a su legítimo destinatario fue, es y será incomparablemente más efectiva que la del gobierno. Y mucho menos susceptible al cobro de “comisiones”.

Esto cambiaría la noción del “derecho” a la asistencia como amenaza constante sobre la producción del prójimo, perdiendo el merecimiento de auxilio quienes simplemente se nieguen a trabajar y pretendan usufructuar estos dineros en forma fraudulenta. O como decían nuestros abuelos, aquellos cuya condición se debe a la vagancia, los vicios, la imprevisión y el derroche.
Por definición, el dinero privado además de voluntario es limitado y está sujeto a auditorías más estrictas que el dinero malhabido del gobierno. Este último es virtualmente ilimitado en el sentido de que puede seguir extrayéndose por la fuerza de los sufridos contribuyentes sin coto aparente, tal como ha venido sucediendo en nuestro país.

Cierta saludable tendencia a una incomodidad creativa se hace necesaria, si pretendemos estimular una suerte de disuasión en lugar de seguir ofreciendo avivadas atractivas a los potenciales beneficiarios. Esto puede lograrse si la ayuda incluye condiciones “desagradables” (estricta contraprestación laboral, aceptación de empleo ofrecido, capacitación obligatoria, severas normas de responsabilidad parental etc.). Los recursos limitados, así, traen implícito cierto nivel de elegibilidad que impide el engaño por parte de quien no merezca ser auxiliado por el sacrificio ajeno.

Resulta claro para toda persona decente, que la mujer o el hombre que reciban asistencia de otros deberían considerarlo algo transitorio e indigno. Casi como pedir limosna por las veredas; y que el mero ofrecimiento de tal dádiva debería ser sentida casi como un insulto al respeto por ellos mismos.
Sí deberían exigir con toda justicia y firmeza, las condiciones de orden, garantías constitucionales y bonanza económica que les permitan ganarse honestamente la vida, acceder al confort de la modernidad y progresar por el propio esfuerzo sin tener que entregar bajo amenaza gran parte de lo obtenido, para que otros vivan de manera parasitaria.

El mensaje socialista es, en cambio, de una disolvencia inmoral. “Carenciados argentinos: no pierdan su gloriosa despreocupación, sus vicios espontáneos ni su naturaleza antisocial o agresiva. Sigan votando populismos. El Estado siempre les garantizará casa, comida, salud y educación nacional y popular a costillas de otras personas”.