Nuestro alegre carrusel
comicial implica sufrir, vuelta tras vuelta, el Juego de los Idiotas Útiles que supone optar entre violadores
constitucionales de primera minoría. Un divertimento que embreta al 100 % de
los argentinos -estén o no de acuerdo- obligados a acompañar, financiar y
sobrevivir al vivillo político de turno. Y donde el caso de la inseguridad ciudadana es una
consecuencia directa más, entre la miríada de problemas innecesarios, gratuitos
o mal resueltos que debemos soportar en callada continencia.
Cierta idea “loca” surgida de
este hartazgo, se le ocurrió un día al señor Pérez, esforzado pequeño
comerciante que vive y padece en los lindes de una barriada poco segura de la
ciudad de Rosario.
Publicar en el diario zonal y
notificar al Estado provincial que su policía le resulta cara y que no le sirve
para nada. Que agradece los servicios prestados pero que va a prescindir de
ellos. Y que va a solicitar, en cambio, la asistencia de una agencia de seguridad
privada y de una compañía de seguros que indemnice eventuales fallas del
servicio, para proteger a su familia, para cuidar de su terreno, su casa, su
auto y su calle.
Claro que si elije dejar de
pagar su fracción proporcional de impuestos para destinar ese dinero a la nueva
seguridad contratada, terminará en la cárcel y con sus bienes bajo bandera de
remate. Será castigado por delincuente evasor y tildado de anti patriota,
porque las víctimas no son él y su familia sino… ¡el Estado! y porque los otros
tres vecinos de la cuadra, con sus familiares y amigos beneficiarios de planes
sociales o flamante empleo público exigirán con mirada torva que calle y que
pague.
Antes, seguramente, algún veterano
funcionario lo desasnará, benévolo, poniéndole una mano sobre el hombro: “Pérez, recapacite: la presidente de la
nación, el gobernador de la provincia y el intendente de nuestra ciudad tienen
derecho a imponerle los servicios que les parece y a cobrarle el precio que
esos servicios y su administración les demanden; usted no puede decirnos que ‘se va’. Puede contratar una agencia local de
seguridad privada con una compañía de
seguros asociada que lo indemnice si pasa algo pero también deberá pagarnos los impuestos por el servicio de policía
estatal, aunque a usted no le sirva”. Y ensayando su más encantadora
sonrisa, ajustará la tapa roscada de su comentario con un “así funciona la democracia representativa, republicana y federal”.
¿Democracia qué? Sintiendo que
la mano sobre su hombro pesa 100 kilos, aquello sonará en la alterada cabeza de
Pérez como demasiado parecido a la amenaza extorsiva de cobro de un monopolio
que además, detenta las armas. En el lenguaje y para el sentido de justicia de
la gente común, eso se llamaría… ¡mafia!
Podría sin embargo quedarle
ánimo como para invertir el razonamiento preguntándole en tono confidencial si acaso
no le parecería buena idea que la policía provincial tuviera “permiso” para abrir y mejorar su negocio, su profesionalismo, su equipamiento de alta
tecnología y fuerzas de movilidad rápida o su derecho de asociación con
aseguradoras, prestando servicios extras “a medida” para clientes que lo
solicitasen. Previos descuento impositivo permanente y pago arancelado en
efectivo.
Entendiendo que la competencia es el único acicate real
para un mejor servicio al menor precio ya que los monopolios, sean estos
privados o estatales, corren siempre en sentido contrario.
Tal vez vería entonces al
servidor público rascarse la cabeza y asentir mirando el horizonte, en
pensativo silencio.
El comerciante se llamará de
momento a sosiego, no insistirá con su notificación y tratará entonces de
razonar en familia sobre la esquiva lógica de esta doble moral.
Por caso: si él organizara un
grupo armado para defender la cuadra y dispusiera que sus hombres obligaran a
punta de pistola a los tres vecinos restantes a colaborar con su parte sería
tachado, con justicia, de delincuente; de despojar a la gente sin tener
contratos voluntarios acordados para ese servicio. ¡Un piquete de bloqueo barrial
no tardaría en reducirlo!
Pero si el gobierno hace exactamente lo mismo con él, que tampoco
firmó contrato de servicio alguno (y que en las 2 últimas elecciones votó en
blanco), ninguno de sus vecinos con plan social estará dispuesto a considerar a
eso un atropello mafioso, ni a unírsele en rebelión fiscal.
¿Hay acaso -para toda cuestión
sustancial- una ley para los del gobierno con sus amigos y otra para los
ciudadanos que laboran de a pie y que financian contra su voluntad subsidios clientelistas, monstruosas
incompetencias económicas, seguridad inservible, universidades subversivamente desactualizadas o empleos estatales que
disfracen la desocupación?
Evidentemente sí la hay. El
sistema legal argentino -acaba de descubrirlo con horror- terminó su largo
viraje socialista de 7 u 8 décadas alejándose del liberalismo y ahora los protege a ellos de personas como él.
¿Es posible entonces en pleno
siglo XXI que sus tres vecinos y otros como ellos elijan una déspota a cuyos
decretos y leyes (o a sus engendros constitucionales) deban todos someterse entregando lo que
producen, a la orden perentoria de algún escriba de poco seso, como esclavos en
la Roma de Calígula?
Evidentemente sí es posible,
concluye abatido: las rotas cadenas están
restauradas y del grito ¡libertad! …sólo
queda letra muerta.
No importa quien lo perpetre, cuántos sean ni para qué: si él obliga a alguien con un arma a entregar dinero que le
pertenece, es robo. Y lo que es robo como concepto aplicable a él y su
accionar, es también robo para el
titular de la Impositiva y para sus mandantes, que bien podrían ser millones.
¿Millones de ciudadanos ladrones?
¿Porqué no? Esta es una
Argentina enferma, llena de gente que no iría directamente a despojar con un
revólver a su vecino pero que está muy dispuesta a elegir un político que lo
haga por ella.
Su vida y sus bienes, concluye
Pérez, deberían ser protegidos por agencias sujetas a un solo tipo de normas:
las que lo rigen a él. La “ley pública” con todo ese extraño doble standard ético, debe desaparecer.
Porque apañar lo contrario es seguir aceptando acciones que no son otra cosa
que simple actividad criminal,
encubierta como “ley”. Y no sólo en el tema seguridad, claro.
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