Junio 2008
El contrato social que nos une, el “pegamento” que evita la dispersión, la rebelión y la anarquía, el acuerdo previo que da sentido, forma y pertenencia a nuestra república es, por supuesto, la Constitución de 1853. Antes de aquella fecha sólo habíamos tenido la dominación monárquica por parte de España y una sucesión de guerras civiles entre cambiantes autocracias regionales de tendencia secesionista.
La Carta Magna aún en vigencia conjuró la posibilidad del desmembramiento nacional apelando a una clara serie de acuerdos de convivencia e ideas fundacionales inspiradas mayormente en la constitución capitalista y liberal norteamericana. Había quedado definido el “modelo de país”.
Eso y sólo eso posibilitó los 80 años de espectacular crecimiento que le siguieron, llevando a Argentina de comarca salvaje y semidesértica a país del primer mundo. Hacia 1930 éramos una potencia que, según analistas europeos, iba en firme camino de rivalizar con los Estados Unidos.
Los siguientes 80, son la historia de nuestra caída ininterrumpida (acelerada durante los últimos 5) hasta el puesto... ¿130? para rivalizar en la actualidad con corruptos estados delincuentes africanos.
¿La causa? Pisotear el respeto por las garantías individuales consagrado en la letra y el espíritu de nuestra Constitución.
Y dicho respeto constituye, señoras y señores, el núcleo irreductible del contrato social argentino.
En caso de abolirse la Constitución Nacional o simplemente de derogarse de facto las cláusulas fundamentales que protegen la libertad y la propiedad, millones de argentinos considerarían asimismo derogado el contrato social o acuerdo tácito de cada habitante, que permitió hasta aquí nuestra supervivencia como nación indivisa.
Algo parecido está ocurriendo ante nuestros ojos en la cercana Bolivia, donde un gobierno aymará filo-comunista pretende avasallar estos mismos derechos. La reacción lógica y civil de la población violentada apunta a abroquelarse en fuertes autonomismos de clara vocación secesionista.
El modelo de país aceptado por todos los argentinos es, entonces, el de la actual Constitución con sus férreas garantías de defensa de la libertad de comercio y propiedad privada, entre muchas otras.
Una enorme cantidad de ciudadanos experimenta en estos días la muy preocupante sensación de que el modelo que se intenta imponer está violando estos derechos absolutamente irrenunciables. Se observa con zozobra cómo nuestros gobernantes, a caballo de una victoria electoral, derogan en los hechos y con soberbia mendaz, las garantías básicas de nuestro contrato social.
Cierto es que la misma Constitución consagra como última instancia de autodefensa frente a expropiadores y totalitarios que pretendan pisotearla, al Tercer Poder encarnado en la Corte Suprema.
Sin embargo y tras (por lo menos) un lustro de sistemática prostitución de todas las instituciones de control republicano, del sistema federal y del delicado equilibrio de independencia de Poderes con especial saña en el sometimiento del Poder Judicial, esos mismos ciudadanos ven con serio escepticismo la capacidad de salvaguarda real y efectiva de la Corte.
El contrato está siendo rasgado ante la mirada de propios y extraños al confiscar hoy lo que por derecho le pertenece a un sector económico. El que más ha hecho en los últimos 80 años para sostener al país, siendo pato de la boda y pagando los platos rotos de todos los insensatos e inviables planes y gobiernos estatistas que nos condujeron al colapso. Al fracaso más traumático, humillante y vergonzoso frente a decenas de pueblos que antes nos miraban desde abajo con admiración.
Nueva confiscación al agro que implica esta vez transformarlos en meros arrendatarios en su propia tierra. Trabajando duramente para entregar a otros el producto de su esfuerzo y de su capital sin derecho, por ejemplo, a reinvertir sus legítimas ganancias en sus comunidades ni a mejorar sus capacidades de producción y conservación ambiental en bien de todos. Cuando no empujándolos a desaparecer. O a quedar sometidos a los subsidios vitales del amo. Todo muy, muy lejos del espíritu de la Constitución liberal y capitalista que nos hizo grandes, respetados, meca de inmigrantes e inversores y destinados a una prosperidad grandiosa.
Cuidado. Para millones de argentinos, la agresión verbal, la prédica irónica del odio, el ejemplo corrupto y la tergiversación mafiosa de leyes e historia que siembra este gobierno empiezan a hacerlos sentir relevados de las obligaciones del Contrato tácito que hasta ahora los unía.
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