Enero
2014
Es
sabido que los radicales, peronistas y en general los socialistas todos
consideran que la producción, el esfuerzo, el talento, el éxito, el ahorro
acumulado -en realidad la diferencia-
deben sancionarse.
Los
argentinos que crean riqueza, los que hacen,
deben ser (según ellos) sancionados en forma proporcional con mayores impuestos
por unidad cuanto más hagan, como dictan las mejores teorías de izquierda.
La
tributación promedio nacional supera, así, el 50 % de las rentas ciudadanas (sin
contar el impuesto inflacionario) mientras que los integrantes del sector
agrario, por mencionar sólo un caso de maltrato dañino entre miles, soportan
más del 80 %. Guarismos ambos objetivamente destructivos, en tanto
confiscatorios.
Se
trata de un tipo de discriminación progresiva (que debería ser estudiada en
profundidad, consecuencias incluidas,
por un INADI inteligente: al servicio efectivo de los oprimidos). De una acción
de forzamiento que impone una igualmente progresiva conversión del ciudadano
libre, en mero medio al servicio de
otros.
Cargamos
hoy así con un abstruso método-yugo
legal tributario esclavo-frenante en beneficio de siempre renovadas oligarquías
parásitas y de sus parcialidades amigas, que colisiona de frente con el
espíritu y la letra de nuestra Constitución.
Constitución
que ya molestaba al primer peronismo y que por tal motivo fue reemplazada por
un libelo fascista en 1949 haciendo volar por los aires el “contrato social”
argentino, llevando al país al borde de
una guerra civil hacia 1955.
El
populismo actual, fiel exponente de aquel originario hasta en sus más mínimas
sinvergüenzadas, procura avanzar por el mismo camino totalitario de
enriquecimiento ilícito y agresión impositiva. Objetivo que alinea en indignas
cópulas transables a los tres poderes
del Estado, haciendo caer el resto de su ya escaso ropaje de legitimidad.
Con
la complicidad parlamentaria del pleno de políticos filo-socialistas, se llegó al
absurdo de que el fin declarado y acordado del sistema tributario argentino sea
que “los impuestos permitan alcanzar la
recaudación necesaria para hacer frente a las erogaciones del Estado, de modo
tal de cumplir con los objetivos de la política macroeconómica del gobierno”.
Los
ladrones de turno al mando se aseguran entonces mediante la expropiación
impositiva sin coto, el endeudamiento nacional y la emisión inflacionaria el
gozo pleno, personal, casi lascivo del producto de sus desfalcos y la impunidad
para llevar adelante una y otra vez políticas macroeconómicas de una
imbecilidad supina, superadas décadas ha por la ciencia y la experiencia. Pisando con fuerza, claro está, sobre proyectos familiares, derechos personales,
iniciativas sociales innovadoras y sobre todas las demás libertades básicas
garantizadas por nuestra vieja -pero sabia- Carta Magna.
El
reducir a mujeres y hombres a números, a objetos
usables, a medios de los que obtener dinero por la fuerza (o la amenaza de su
uso) opera no sólo contra el círculo virtuoso de la inversión y el crecimiento
sino contra la moral, tal como lo dictaminara San Agustín en la Summa
Theologica: “la ley del impuesto se torna injusta cuando su peso no es igual
para todos los miembros de la comunidad; en tal caso más que leyes estos son actos
de violencia”.
Resulta
desesperante prever y luego comprobar cómo este despojo auspiciado por leyes
injustas va frenando gradualmente al país. Cómo lo envilece, empobrece y
embrutece sin pausa.
Pero
es el herramental de nuestro enemigo interno; de las malas personas felices de
ver como la Argentina retrocede en el concierto global mientras, eso sí, sus capitales
honestos remanentes pagan cada vez más impuestos y sufren cada vez más trabas.
Nuestro
entero “modelo” conforma hoy una melaza impositivo intervencionista que impide
la elevación de los rezagados sociales en
exacta sincronía con el insensato freno a las potenciales conquistas
empresarias argentinas en la arena mundial.
Sabios
juristas han demostrado a lo largo de la historia que la facultad de gravar con
impuestos es poder para arruinar y destruir y que por eso, debe limitarse con
firmeza.
Lo
cual es desde luego correcto pero constituye solo el principio de un
razonamiento más extenso y silenciado, muy peligroso para todo estatista que se
oponga a los mandatos constitucionales mencionados y que apoye en el cuarto
oscuro, en cambio, el vil saqueo tributario de los mansos. Razonamiento desagradable para un enorme
sector social cuya complicidad, omisiones
y negaciones en lo que respecta al hundimiento de nuestro país y de su
gente van quedando cada día más al descubierto, mostrando en forma clara y
manifiesta su colaboración en la ejecución del
mal.
Hablamos
de un razonamiento desarrollado por los más brillantes economistas de
vanguardia demostrando que reducir la presión impositiva, en especial sobre los
más exitosos, resulta en un mayor aflujo de inversiones creadoras de empleo
genuino. Y que bajarla más, conduce a una disminución del déficit público en
servicios e infraestructura, en favor de aún mayores inversiones de riesgo y
tecnología privadas para la cobertura en
más de dichas necesidades, con aumento real de salarios y mayor demanda de
empleo.
Y
que en la medida en que los tributos tiendan a cero reduciendo el ámbito de las atribuciones monopólicas del
gobierno… la creatividad social-empresaria, la solidaridad ahora pudiente, las
inversiones de todo tipo y la impetuosa generación de nuevos e insospechados
trabajos mejor remunerados, tenderán a infinito.
Más
Sociedad y menos Estado, en definitiva, impulsando un círculo virtuoso con el
poder de devolver a nuestra Argentina al estatus de potencia rica y respetada
que nunca debimos perder.
La
solución inteligente, la mejor para los
desfavorecidos no es sancionar la diferencia sino potenciarla; dejando que
los capitales compitan, sin tanto miedo (ni envidia) a nuestra mejor gente.
Más
deberíamos temer a nuestra peor gente, malas personas cuyas malas ideas hoy son
gobierno... y oposición de centro izquierda.
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